Pasadas las elecciones, realmente pocos podrán mostrarse sorprendidos de que las principales provincias ya hayan echo saber su intención de volver a aumentar una serie de gravámenes.
Jaqueados por las demoras y restricciones de la Nación en enviarles partidas (más aún, si no son del mismo signo político), y haciendo gala de la sistemática falta de creatividad a la hora de generar recursos, los mandatarios apelan a la herramienta más simple de todas: cargar el saco del déficit provincial, otra vez, sobre la espalda del contribuyente.
Poco importan las voces de alerta señalando la peligrosidad que implica semejante presión impositiva sobre ciudadanos y, más aún, sobre los sectores productivos. Menos todavía, atienden a quienes les adelantan que es muy probable que, lejos de recaudar más, los números fiscales no se engrosen de acuerdo a lo esperado. La desesperación por los “agujeros” de muchas administraciones (¡Y ni hablar de la propia Nación!), hacen que se hagan oídos sordos a los llamados de atención.
Este peligroso esquema de política fiscal, básicamente lo que hace es “secar” los recursos privados, lo que en el caso de los ciudadanos les acota el poder adquisitivo, pero para los sectores de la producción tiene implicancias mucho más graves ya que, a esta altura, significa directamente, una disminución de la producción potencial y, por ende, una fuerte desaceleración de la actividad económica global del país.
En el caso del campo, el efecto dañino se agudiza debido a la aplicación, adicional, de impuestos a la exportación (retenciones), más el hecho, para nada menor, de una fuerte exposición fiscal por el capital fundiario (la tierra), que en la mayoría de los casos poco o nada tiene que ver con la renta de la actividad agropecuaria, pero por el cual, en algunas provincias, se paga un alto Inmobiliario Rural que, justamente, es uno de los gravámenes que varios gobernadores, acosados por las deudas, estudian volver a aumentar ahora como forma de financiarse.
Por supuesto que ninguno de ellos, ni sus ministros, estudian previamente el impacto de estas medidas. Lo único que interesa es el corto plazo y tratar de tapar –o al menos achicar– el déficit provincial.
Y para el campo esto es grave. Por un lado porque ya van varias campañas (esta sería la tercera) en las que el clima no acompañó demasiado a la producción. También porque los costos internos de la agricultura, y también de la ganadería, aumentaron geométricamente, y en más de un caso en dólares. Pero también porque los precios internacionales, especialmente de los granos, ya no están en los récords que alcanzaron en 2011/12, por lo que, sumando todos los ítems, la rentabilidad de las explotaciones es baja o nula.
Tampoco la situación es excluyente del campo. Todas las agroindustrias (con menos impacto del Inmobiliario, pero con fuerte peso de la mano de obra y de la energía) e inclusive la pesca (con alto costo adicional de frío), se encuentran en crisis y enfrentan la dura disyuntiva de cerrar tras haber agotado otras instancias como las vacaciones adelantadas, cierres parciales, eliminación de horas extra, etc.
La alternativa es la quiebra, a partir del creciente endeudamiento que ya comienza a notarse en algunas regiones, en las que el “revoleo de cheques” va en aumento, o en Entre Ríos donde alertan sobre un eventual corte en la cadena de pagos entre productores chicos y medianos.
Aún antes de esta nueva propuesta de aumento, cálculos serios indicaban que la presión fiscal sobre el campo, calculando los tres niveles (Nación-provincia-municipio), superaba holgadamente el 80%.
¿Cómo suponen, los funcionarios provinciales, que puede resultar la recaudación con impuestos aumentados ante este escenario?
La disyuntiva es relativamente simple: se pagan los impuestos o se produce, porque para hacer frente a semejante carga fiscal no queda otra que apelar al capital de producción que, de hecho, también es menor al de hace unos años atrás.
Lo que las autoridades tampoco miden, aunque se nota y se viene profundizando el efecto, es el achicamiento que ya tiene la producción respecto a sus posibilidades.
Por caso, nuevamente el área de siembra de trigo está entre las menores de la ¡centuria! (¿y después sorprende que falte harina?), y vuelve a haber caída en el uso de fertilizantes igual que en el de otros agroquímicos. La lechería no crece, el maíz tampoco y solo la soja parece gozar de “buena salud”, aunque ya se tendrían que estar produciendo más de 60 millones de toneladas y en los últimos años los volúmenes ni siquiera alcanzaron los 50 millones.
Realmente, las provincias deberían replantear sus simplistas esquemas de aumentos impositivos para cerrar los desfases administrativos que enfrentan pues, caso contrario, corren el riesgo de soportar cierres en cadena, con fuertes pérdidas de fuentes de trabajo, y los conflictos sociales y políticos que eso representa.
Tan fácil. De manual.