Mientras algunos sectores se quejan por el exceso de participación del Estado en los mercados y hasta en la vida de las empresas privadas, otros se quejan por su total ausencia en algunas áreas y funciones. Y, a pesar de estar aparentemente en los extremos opuestos, ambos grupos tienen razón.
Es que si en algo se caracterizó la Administración Kirchner, especialmente en los últimos 8 años, es en haber profundizado hasta límites inauditos su intromisión en los asuntos de los individuos, mucho más aún que en los de la sociedad como conjunto.
Desde el tipo de cambio hasta las operaciones comerciales, pasando por la instrumentación de cantidades de declaraciones y registros nuevos (que solo complican y encarecen cualquier tipo de trámite) aumentando exponencialmente la burocracia, el “Estado” adquirió estatus de omnipresencia con niveles extraordinarios de gasto público.
También la manipulación alcanzó a los capitales extranjeros (que desde hace tiempo no pueden girar utilidades, ni hacer inversiones en tierras, etc.) provocando riesgosas situaciones de inseguridad jurídica, y hasta de inconstitucionalidad que, seguramente, van a ir decantando en los meses subsiguientes al cambio de Gobierno.
Pero, simultáneamente, en muchos de los lugares en los que la presencia del Estado es indiscutible es, justamente, en los que desapareció, o donde su función actual es irregular e ineficiente provocando gastos adicionales a los ya abultados números públicos.
La información oficial, una de las obligaciones indelegables del Estado, es más que discutible hoy en cualquiera de sus indicadores. En el caso del campo, por ejemplo, hay infinidad de rubros en los que se discontinuó hace ya 6-8 años, mientras que otros en lo que está “actualizada”, como son las áreas de siembra y los volúmenes de cosecha, los datos están más que sospechados y, seguramente después de esta Administración, deberán ser puestos bajo un “paraguas” hasta que se rehagan, pues es imposible arrastrar históricamente números tan manipulados.
Que decir de la seguridad pública –de personas y bienes- y de la función de control. Pues bien, es innecesario abundar en este punto pues los índices de inseguridad, que hace tiempo dejaron de ser una “sensación” para transformarse en una contundente realidad, alcanzan a todos los niveles de la sociedad, personas, empresas, bienes, todo hoy está en riesgo, y el delito se generalizó, entre otras cosas, de la mano del tráfico de drogas.
También, la función de arbitraje, que siempre le correspondió al Estado dada, justamente, su característica de mediador desinteresado entre partes y/o intereses, hoy se encuentra totalmente desvirtuada debido a que en la última década fue permanente el aumento de la ingerencia y de los intereses del “Estado” en los asuntos privados, por lo que en muchos casos perdió su característica de imparcialidad, para ser sospechado ahora de interés manifiesto, arbitrario, o directamente injusto.
Con semejante alteración de las reglas y del orden lógico, no puede extrañar entonces la casi desaparición del país, de las inversiones externas en estos últimos años, y también de los capitales locales. El riesgo es demasiado grande.
Así, en el “campo”(a estos efectos casi sinónimo de “interior”), que viene sufriendo exacciones insólitas prácticamente desde 2004, con intervenciones en los mercados, precios regulados (“orientativos”, “de referencia”, etc.), cierre de mercados (como el de la carne en marzo de 2006), cupos, cuotas, cierre de los registros para exportar, retenciones o impuestos a la exportación crecientes hasta 2008; mayores impuestos, incremento exponencial de la burocracia operativa, aparición de los Roes para poder exportar, falta de energía para operar la agroindustria o la pesca; ausencia en varios casos de la posibilidad de comunicaciones, amenazas discretas (o no tanto) de todos los tipos, destrato y ninguneo permanente, y un continuo drenaje de recursos hacia el Estado y hacia otros sectores de la cadena comercial, no puede llamar la atención el “compás de espera” en el que está sumido ahora.
El retroceso de producción ya es innegable –e inocultable- y se corresponde tanto con la falta de liquidez, producto de la fuerte caída de la rentabilidad, como con el riesgo político implícito que solo será develado –en parte- tras la votación del próximo 22 de noviembre cuando se develará cual de los “modelos” será el que se imponga, y se conozcan las primeras medidas de fondo que deberá adoptar la próxima Administración, y que se esperan más profundas e inmediatas en el caso de Mauricio Macri –Cambiemos-, que en el de Daniel Scioli –Frente para la Victoria-.
Claro que la lógica expectativa de cambio favorable que se va generalizando, no se condice con los tiempos de la producción ya prácticamente “jugados” para la campaña 15/16 en marcha.
Y esto determinará que el próximo Gobierno se tendrá que conformar con volúmenes sensiblemente menores a lo que se podría esperar si, por ejemplo, aún antes de las PASO en agosto los principales candidatos hubieran acordado algunas medidas básicas, que cualquiera de ellos deberá adoptar y que hubieran permitido acotar, aunque sea parcialmente, el alto riesgo implícito en la actividad agropecuaria que, además de los mercados y el clima, el los últimos tiempos debió sumar también el “riesgo funcionario”, para nada menor a la hora de inventar nuevas trabas y normativas que encarecieron la producción y que ahora deberán ser trabajosamente removidas.
Pero, como no existió esa grandeza política, si no se suman nuevos errores, será tal vez para el 2017 cuando se puedan lograr volúmenes de producción crecientes, que permitan que la Argentina comience a salir del pozo en el que cayó.
