No por conocida, deja de sorprender la extraordinaria, y siempre creciente, presión fiscal sobre los sectores productivos.
Decir que es injusta, agobiante y, a esta altura, confiscatoria, no es ninguna novedad, pero el campo y los alimentos, con la aplicación de los impuestos a la exportación (mal llamados “retenciones”), de hasta un 35% directo sobre el valor bruto de la producción, sumado a todos los restante gravámenes que sufre el conjunto de la sociedad, constituyen el caso más extremo.
Es que según datos dados a conocer esta semana en una jornada sobre impuestos en el Congreso de la Nación, “la presión fiscal sobre los resultados en las diferentes regiones agrícolas oscila entre 70% y 85%”, según consignó el especialista de AACREA Ricardo Negri (h).
Sin embargo, peor aún es visualizar la secuencia de abusos, irregularidades, superposiciones y, hasta directamente, la inconstitucionalidad de muchas de las normas que se están aplicando para que la sensación sea de franca alarma.
La casi infinita enumeración de datos que, además de Negri, fueron desgranando Santiago Sáenz Valiente y Juan Pedro Merbilhaa de CARBAP, resultó abrumadora y fue desde temas puntuales, como las “tasas” municipales, que al no tener contraprestación se constituyen en verdaderos impuestos (que no está permitido que fije un municipio), hasta cuestiones generales del tipo de la Coparticipación Federal cuya ley estaría vigente desde la época de Alfonsín, aunque se incumple desde hace tiempo a pesar de que contiene los aspectos básicos y define perfectamente la coparticipación primaria y la secundaria.
La misma consideración corresponde a la Emergencia Económica que rige desde 2001, aunque ahora (y desde hace tiempo) no se cumplen ninguno de los requisitos para mantenerla, pero a cuyo amparo se siguen cometiendo cantidad de abusos.
En el caso de Bienes Personales, que según los especialistas es inconstitucional, debería ser derogado y sustituido por el Impuesto al Patrimonio Neto que excluya a los bienes productivos.
La muy mediática Ley de Abastecimiento, de la época de Lastiri, está derogada, aunque se sigue aplicando, o amenazando con ella.
También las retenciones son ilegales y el Poder Ejecutivo ya perdió hace años (2008), la potestad para aplicarlas, y que le había delegado equivocadamente el Congreso.
Ganancias es, tal vez, el mejor impuesto, pero se aplica mal y pasa a ser injusto y confiscatorio. Entre otras cosas, porque desde hace 13 años (¡!) no acepta el ajuste por inflación (aunque sea la oficial), y cayó en un criterio netamente fiscalista, que termina siendo antiproductivo.
El impuesto a los débitos y créditos (cheque) teóricamente “transitorio”, no solo se volvió estructural sino que se duplicó desde 2002, lo mismo que los impuestos al patrimonio, etc., etc., etc.
Los saldos a favor de IVA que debían ser de “libre disponibilidad”, no lo son y las devoluciones “automáticas” hace mucho que dejaron de serlo.
En realidad, la enumeración podría ser infinita pues lo que parece haber ocurrido es que se perdió el rumbo en la política fiscal y, de ser una fuente de financiación para sostener los “gastos comunes” del país, se convirtió en la caja sin fondo, para financiar los gastos de la política del Gobierno de turno. Para colmo, nadie da cuenta de los excesos y así el “gasto público” sigue imparable, drenando fondos de la producción pero sin aplicación clara y, mucho menos, que apunte “al bienestar general”.
Las confiscaciones, las arbitrariedades, la irregularidad están a la orden del día, mientras el contribuyente, cada vez más desesperado y acosado no tiene ninguna aparente forma de defensa.
Ni siquiera cuando la máxima autoridad jurídica se pronuncia hay correcciones o se acata la ley.
“Estamos aceptando un régimen que viola permanentemente la Constitución”, afirmó Merbilhaa.
Por eso, se podría decir que hoy la realidad fiscal del país es absolutamente anárquica y abusiva, resultado de la voracidad ilimitada de un Gobierno que parece haber tomado a los contribuyentes como esclavos de galera que deben mantenerlo hasta el último aliento.