Escribe Susana Merlo
Es cierto que el gobierno se equivocó de entrada, y se perdieron 7 valiosos meses, discutiendo sobre “bioeconomía”. Pero finalmente reaccionó, tal vez porque ni Luis “Toto” Caputo, ni su mano derecha, Juan Pazo, tenían mucha “onda” con Fernando Vilella, y de su paso por la Secretaría de Estado solo quedaron los papeles oficiales membretados con su fantástica (y única) idea: cambiarle el nombre a la cartera, y algunos viáticos de viajes frecuentes, con preferencia por el exterior.
Así, Agricultura pudo volver a su nombre histórico de 1880 y al frente ingresó, hace exactamente un año, alguien del riñón de Economía, Sergio Iraeta.
Pero, como siempre se cuenta lo que falta, y no lo que se avanza, esta vez el recuento va a ser a la inversa.
Para poder dimensionar correctamente, se incluye la definición de una de las entidades del campo, CRA, en aquel momento en que asumía el nuevo gobierno, en diciembre del 2023: “Ha sido duro, pasamos cuatro años de creciente pobreza, inseguridad, crisis económica, decadencia educativa, falta de defensa y respeto de la propiedad, degradación institucional, impunidad, corrupción, atropellos a la justicia, ausencia de federalismo, promesas truncas, relatos, moral resbaladiza, valores pisoteados, todo mal…”. “lo que significaron estos cuatro eternos años para el sector agropecuario, donde la importancia de las economías regionales fue olvidada, la ganadería limitada e intervenida, la agricultura saqueada por retenciones; y todas sometidas al antojo de distintos tipos de cambio artificiales y ficticios”, señalaban los ruralistas.
Hay que reconocer que esos 7 primeros meses los avances fueron generales, los que dictaba la política para contener la inflación, mientras se comenzaban a sincerar las tarifas, y se renegociaban las deudas, pero el sector no tenía casi nada específico. Ni siquiera con quién reunirse. Con el nuevo Secretario, comenzaron cambios puntuales.
De entrada, además de devolverle el nombre tradicional, el área inició un proceso de nuevo relacionamiento con el sector, y con alguien de muy bajo perfil. !Sorpresa!. De hecho, a diferencia de su antecesor, lo primero que hizo al asumir fue viajar a la Patagonia ante la situación de los laneros por las fuertes nevadas. También, aunque la Rural ´24 ya estaba encima (y asistió varias veces) se creó la Subsecretaría de Economías Regionales, se presentaron los créditos a valor producto (leche), y se negoció la postergación del reglamento de Deforestación de la UE, hasta el próximo enero.
En agosto comenzó la “desburocratización” de los granos y se eliminaron inscripciones en el RUCA, al tiempo que se eliminaban retenciones para las vacas, carne porcina y lácteos, además de una reducción de 25% para las proteínas animales.
Y, junto con la materialización de créditos valor carne y en leche, se cambió el sistema de tipificación vacuna que derogó 8 normas.
Ya en septiembre se centralizaron las gestiones en bioinsumos, fertilizantes y fitosanitarios, en el SIGTrámites; al tiempo que aparecieron los créditos para ovinos, y la simplificación en el manejo de guanacos.
Todo esto mientras la inflación iba bajando y, aunque muchos de estos temas parecen “menores”, no lo son para los que tienen los problemas.
Octubre trajo el brazo la simplificación del acceso a la información con la primera actualización del VisorSIF, y comenzó la conmoción en el INTA con la renuncia de Juan Cruz Molina, en desacuerdo con la “racionalización” planteada, y su sustitución por Nicolás Bronzovick, aparentemente más afín a los cambios. La vicepresidente, María Beatriz Giraudo, no renunció y siguió en su cargo.
Además, se anuncia la trazabilidad electrónica y aparece el RIGI para grandes inversiones, pero excepto forestación, el campo queda prácticamente excluido.
Se sigue simplificando el RUCA, se eliminan trámites, la inscripción pasa a ser gratis, y se derogan otras 20 resoluciones, muchas de ellas por “aportes no reintegrables”.
En noviembre se registra el crecimiento de las exportaciones de carne, aves, y madera, mientras la sequía seguía haciendo estragos, mientras que en diciembre comienzan a aparecer los créditos BICE y el año cierra con la mayor aprobación de eventos biotecnológicos (vacunas y semillas).
El 2025 arranca con la asignación de la cuota de carne a los EE.UU., y la rebaja de 20% en las retenciones a los principales granos, hasta el 30 de junio pasado. También se desregula el comercio de fruta y el registro de variedades vegetales que simplifica y abarata los procesos.
Febrero facilita las importaciones de fertilizantes, se liberan las exportaciones de ganado en pie, y se anuncia el rediseño de la barrera patagónica y la inclusión de “barreras móviles”.
Finalmente se elimina directamente el RUCA en abril, pasando el remanente al SISA, y aparece el nuevo método de cálculo para los Precios FOB.
Tras 14 meses de la promesa presidencial, finalmente se libera el ingreso de insumos veterinarios, incluyendo la vacuna antiaftosa (que todavía no se concreta), y los sistemas de aplicación; mientras se incrementan fuertemente los certificados de origen y las indicaciones geográficas, que pueden permitir adicionales de precio a muchas exportaciones.
Lo último, junto con el récord de warrants, fue la aparición del sistema de garantías para créditos porcinos, que los abarata; y se deroga el peso mínimo de faena.
También se eliminan promociones ganaderas diferenciales (reintegrables y no reintegrables), y se prorrogó hasta marzo ´26, la rebaja de las retenciones al trigo y la cebada, entre otras varias cuestiones.
Pero tal vez, una de las cuestiones más importantes no pasó por “lo que hicieron”, sino por “lo que no hicieron”, por ejemplo, intervenir en el mercado de la carne cualquiera de las varias veces que el producto aumentó de precio, dando una señal de fondo (favorable) tanto para este producto, como para los restantes.
Nadie va a discutir que es mucho más lo que falta, que lo que se hizo, aunque los cambios ya representan muchos miles de dólares para los productores directamente afectados, y, sobre todo, un cambio de estilo que apunta a más transparencia, menores costos, y a limitar al máximo la discrecionalidad.
Sin embargo, y hasta acá, lo llamativo es que además de las quejas y reclamos por las retenciones, son muy pocas las propuestas concretas de parte del propio sector que apunten al desarrollo sostenido.
