Escribe Susana Merlo
Aunque se declame en todos los tonos, los argentinos en general, perdieron la democrática costumbre de hacer un seguimiento estrecho, lo más cercano posible, del Congreso, tal vez, el más importante de los 3 poderes de la República, porque es el que “legisla”, lo que el Gobierno debe “ejecutar”, y por eso se lo llama Ejecutivo.
Y, si los ciudadanos comunes no ejercen casi este control (solo en las urnas, cada dos años), ni hablar de los del campo que no lo pisan prácticamente nunca.
Sería trabajoso poder mencionar a los titulares de las principales entidades que representan a los productores, que asistan (o hayan asistido) con alguna regularidad a las comisiones, a reunirse con legisladores, o a los plenos de las cámaras; y casi milagroso que directamente presenten un proyecto de ley.
Salvo que medie alguna invitación especial, que en general es para que hablen, y no tiene mayor impacto, no acuden al Parlamento.
Pero en este 2026, ya consumido más de un cuarto de siglo del XXI, se presenta una posibilidad, tal vez la última en el corto-mediano plazo, de dar vuelta tendencias que llevan décadas, y enderezar errores de muchos años que, incluso, fueron contra la propia Constitución Nacional, sin que el “pueblo” que es soberano, siquiera pareciera haberse enterado.
El campo no es la excepción y, si no se defiende de los abusos, errores y avances, ¿quién lo va a hacer por el??.
Esta es la gran pregunta que sigue sin respuesta.
Se quejaron durante años, por ejemplo, de las automotrices (que tuvieron por décadas tipo de cambio a favor, con reintegros), pero no se avanzó en cambiar de propuesta, o de sistema, y copiar a otros sectores para, por ejemplo, eliminar las retenciones (tipo de cambio negativo) que en décadas tuvo una sola excepción que fueron los ´90 cuando el tándem Menem-Cavallo las eliminó de un plumazo y, ni siquiera querían firmar el compromiso de ayudar a generalizar el IVA cambio (de hecho, solo dos de las 4 entidades firmaron, y una de ellas esperó hasta último momento).
Por eso, a varios siempre les quedó la duda sobre, ¿Cuánto quiere el campo que se saquen los impuestos a la exportación, si no está dispuesto a comprometerse para lograrlo?.
Ahora, sin embargo, y aunque no a todos les gusta este Gobierno (ni tendría porque gustarles), se está avanzando en muchas de las cosas que siempre se reclamaron: menor intervención, menos Estado (pesado y caro), eliminación de trámites y trabas….
Muchos todavía recuerdan aquel famoso: “¡No queremos que nos den una mano. Queremos que nos saquen las manos de encima!!”…, pero las acciones no se condicen, y lo que se va concretando es por impulso directo del propio Ejecutivo, como resolución, o como envío de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), o de proyectos de ley que manda al Congreso.
Poco, con gusto a nada, depende del propio sector.
Sin embargo, este año la relación de fuerzas en el Congreso por primera vez en décadas, es distinta, mucho más pareja para el oficialismo, lo que acerca la posibilidad de impulsar y/o respaldar los instrumentos que la agroindustria necesita (que no son pocos), y que se corrijan los que están mal (que también existen en cantidad).
No debiera volver a suceder lo del año pasado cuando, solo por razones políticas, muchos diputados y senadores, votaron en contra de un paquete de DNUs que favorecía a provincias y sectores, porque no querían que el Ejecutivo obtuviera lo que había planteado, aunque fuera bueno en general (siempre un proyecto de ley, o un decreto, es perfectible).
Después, por supuesto, se vio a más de un gobernador en la Casa de Gobierno pidiendo lo mismo que los representantes de su provincia habían bochado semanas antes….Absurdo!
Pero para que tal cosa no siga ocurriendo, es que se necesita que, de una vez por todas, se comience a controlar, por un lado, y a respaldar, por el otro, a los representantes de las provincias y de los ciudadanos, es decir, a los senadores y a los diputados respectivamente.
Tal como se hizo entre marzo y julio de 2008 durante el planteo, y conflicto, de la Resolución 125. Con la misma convicción, y con la misma responsabilidad y compromiso (de ambas partes). Ya no vale escudarse en el anonimato.
Ahora hay una serie de cuestiones de fondo que dejan al descubierto varios pendientes estructúrales que tiene la Argentina producto del desmadre de años.
Tanto los Acuerdos internacionales como el de Unión Europea-Mercosur, como el bilateral con los EE.UU. ya pusieron sobre el tapete la necesidad de “fortalecer” el tema de la propiedad privada, desde las Patentes (medicinales), hasta las semillas y obtenciones (vegetales y animales), pasando por las Marcas, las denominaciones de origen, o para cualquier otro tipo de bien.
Para los países desarrollados ese punto es clave. De ahí los esfuerzos por “emprolijar” los temas de expropiaciones (Vicentín, YPF, etc.), o el listado de leyes para derogar total o parcialmente que mandó el Ejecutivo al Congreso, y que incluye la mal llamada de Extranjerización de la Tierra que limita la compra de campos por parte de extranjeros lo que, además de perjudicar a los productores más chicos (al restar demanda en el mercado), está entronizado en la Constitución Nacional, por lo que no es discutible.
Igualmente aparece el caso de la Ley de Manejo de Fuego, de Máximo Kirchner que impide a los dueños, durante 30 o 60 años, redefinir el destino de sus tierras si se incendiaron (en forma no intencional), o el costo que se está registrando en el país por el atraso de dos décadas y media en actualizar la Ley de Semillas, o la controvertida Ley de los “octógonos” para los alimentos que ahora, por ejemplo, impediría exportarlos (salvo producirlos con otras etiquetas), entre muchas otras que merecerían también la atención del sector.
Por caso, en ese grupo aparecen desde la Ley de Flexibilización Laboral, que afecta tanto al campo como a sus industrias derivadas, y ni hablar de las leyes de educación, desde la primaria, las de artes y oficios, los secundarios con salida laboral, y todo lo que atañe al interior rural donde ya no se consigue personal para trabajar (de cualquier cosa), porque no están preparados, y entonces siguen migrando, desocupados, a las grandes urbes.
Todo esto deberá pasar, y ser definido, en el Congreso.
Sin duda, queda claro entonces que es necesario que alguien “se ponga el campo al hombro”, y ¿que mejor que sea el propio campo?
