Escribe Susana Merlo
Siempre, en la medida que se van solucionando ciertos problemas, surgen otros nuevos.
Como las capas de una cebolla.
Cuando el país estaba con inflación creciente, desequilibrio fiscal, la macroeconomía alterada, y sin reservas, los cuestionamientos de la sociedad eran esos. Ahora, con algunos de ellos solucionados (aunque no totalmente anclados), y otros en vías de mejoramiento, la demandas sociales se van corriendo hacia más empleo, mejorar los terribles déficits por falta de obra pública (o, directamente, por desmanejo de los fondos del Estado) y, más exigido aún, el blanqueo de deudas que impone la baja de la inflación que deja de licuar los pasivos, como no ocurría desde los ´90, hace un cuarto de siglo atrás.
Y esa desmemoria tiene un costo.
El caso es que tras más de 2,5 años de un ajuste inédito, la gente está un poco cansada y, aunque el gobierno nacional quiera aparecer firme “manteniendo el rumbo”, la velocidad de los cambios no es pareja entre los sectores, ni siquiera entre los legisladores, y tampoco entre las provincias.
En algunos casos, porque no creyeron que se iba a avanzar tanto y/o tan rápido; en otros porque apostaron directamente a un resultado distinto; los menos, porque seguían muy cómodos en la inercia que traían.
Esto genera diferencias de velocidad y, mientras hay sectores que están “mejor”, porque el contexto internacional los favorece, por ventajas comparativas o competitivas, o por mejores condiciones para atraer inversión de capitales (especialmente externos); otros registran avances mucho más moderadas, mientras un porcentaje aún lucha para no seguir cayendo y, ni siquiera, es seguro que lo logren.
En el primer grupo se anotan la agroindustria en general (con diferencias internas), la energía, la minería, las tecnológicas de última generación, y hasta empresas del Estado que con buena administración lograron revertir costosos déficits de muchas décadas (al punto que parecían estructurales), tal el caso de Aerolíneas Argentinas, o YPF.
Pero no se trata de Argentinas distintas. Solo son diferentes velocidades dentro del mismo país, igual que las diferencias entre sectores.
La lógica, sin embargo, cambia a la hora de las elecciones cuando todo entra en un mucho más vertiginoso ritmo de “canje político”, o de especulación partidaria algo que, lamentablemente, ya parece que se convirtió en moneda corriente en el Congreso.
Así, el balance de 2 años y 9 meses de la actual Administración Milei, más allá de los detractores y los seguidores, arroja una serie de mejoras y cambios importantes en materia de conducción del país, mientras que la perfomance del Congreso indica casi lo opuesto ya que fueron muy pocas (y mayormente intrascendentes, las propuestas legislativas), mientras que gran parte de lo que salió aprobado había sido propuesto por el Ejecutivo.
Igual, esto no fue lo más importante de la labor parlamentaria, ya que lo que más tiempo insumió fueron los “rechazos” a las propuestas oficiales.
Tanto así que recién en este tercer ciclo de Gobierno, se logró tener Presupuesto; todavía no se puedo avanzar sobre propiedad privada (eje de la Constitución Nacional); tampoco sobre Patentes, Ley del Fuego, Semillas, o biocombustibles que se sigue arrastrando inexplicablemente.
Sin seguridad jurídica, ¿es posible esperar inversiones externas, o hasta el retorno de capitales argentinos que están en el exterior?, ¿Por qué lo harían?
Entonces, se pueden entender las diferencias político-partidarias, pero es inexplicable que los representantes de los ciudadanos, y de las provincias, voten en contra de los intereses de sus representados basándose solo en desacuerdos partidarios.
Se necesita urgente un pacto mínimo sobre cuestiones que no entren en el canje permanente, así como hace falta un “sinceramiento” que termine de dejar al descubierto una cantidad de intereses cruzados “particulares”, que impiden avanzar más rápido sobre asuntos de fondo, perjudicando al conjunto de la sociedad.
Por supuesto que estas cuestiones, que afectan globalmente al país, inciden sobre todos y cada uno, y el campo no es la excepción.
La estratégica Hidrovía se atrasó más de un año y medio; las licitaciones de caminos otro tanto, y los FFCC también prácticamente dos.
¿Cuánto le cuestan estos atrasos a la Argentina? ¿Cuánto se pierde en materia de competitividad por los mayores costos, y la menor producción?.
Ahora bien, las cuestiones cambian mucho cuando se entra en ritmo electoral como está sucediendo ahora (en forma adelantada) para las elecciones presidenciales del año que viene.
El asunto, es que no solo se elegirá presidente de la República, sino también la mayoría de los gobernadores, igual que intendentes, y ahí cambia la cosa porque todo el espectro político, de “todo” el país, entra en el nuevo escenario de las necesidades personales. Por eso, también, se van a ver actitudes contrarias, políticamente hablando, a las que se vieron desde el ´23 a la fecha.
Se vota lo que antes se vetaba. Y viceversa.
Uno de los ejemplo más claros fue el veto unánime (de la “oposición”) al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del 2025 sobre la Marina Mercante que, entre otras cosas, garantizaba la libre navegabilidad de los ríos (derecho constitucional, también).
Ahora, sin embargo, varios gobernadores están esperando que salga una ley que, no solo garantice ese derecho, sino que además, les posibilite habilitar puertos en las costas de sus provincias, lo que no podrían hacer con las reglas que aún subsisten.
Se perdió un año. ¿Quién se hace cargo del tiempo perdido? ¿El ocupante de la banca?, ¿el presidente del partido político?….
Pero, por supuesto que la ciudadanía también se da cuenta y es critica de las actitudes de unos y otros. De ahí que, en el campo, el malestar sea creciente en distintos niveles, entre otras cuestiones, porque los atrasos en comenzar a mejorar la infraestructura tienen costos altísimos y las rutas y caminos van a ser clave en los próximos meses, especialmente, por las predicciones unánimes de un ciclo “Niño” (muy húmedo y lluvioso) que va a complicar mucho las labores tranqueras adentro, pero también, salir de los campos y trasladar la producción a los puertos, mercados, o centros de transformación y de acopio.
En este punto, el malestar va a ser casi unánime con los intendentes, en primer lugar, por el pésimo estado de muchos caminos rurales que, hay que recalcar, siguen siendo de tierra(¡¡).
De acuerdo a los datos oficiales, la red argentina ronda los 600.000 km de los cuales el 84% son vecinales o municipales (lease, de tierra, o mejorados); 40.000 son nacionales (incluyendo los troncales) y unas 200.000 km provinciales, mayormente precarios.
Pero entonces, ¿de que sirve tener buenos precios, o buena producción, si no se puede llegar al mercado?.
¿Y si el producto es perecedero, como la leche, o las verduras?, ¿se lo tira antes de llegar a la tranquera?.
Los gobernadores tampoco la van a tener fácil pues las rutas provinciales, salvo honrosas excepciones, tampoco están mucho mejor y no hace falta hablar de las troncales, 70% de las cuales están destrozadas.
Ahora, sin embargo, comienzan a “transferirse” rutas a gobiernos provinciales (que tienen inversores, o fondos, para avanzar con esas obras), se destraban fondos que estaban bloqueados, aparecen “interesados” en trechos puntuales, etc. Cada uno va a “hacer política” con lo que tenga más a mano.
Pero, ¿ todo eso alcanza para la producción?, ¿se llega a tiempo?. ¿Se podrán evitar los impactos de El Niño, con las obras incompletas del Plan Maestro de canalización del río Salado?.
Lo más probable es que no. En todos los niveles deberían haberse acordado mucho antes, incluyendo a las entidades del campo que solo se pronuncian por la desaparición de las retenciones que restan, pero no parecen registrar el nivel de otras pérdidas, como estas.
Y el malhumor sigue aumentando.
