Escribe Susana Merlo
Los industriales reunidos en su central fabril, la UIA, acaban de afirmar que la presión impositiva argentina está alineada con la de los países más desarrollados del mundo, aunque aquí se dista de contar con las contraprestaciones que brindan a sus ciudadanos-contribuyentes, los lugares más avanzados. Destacan, también, que el “peso” de este rubro ya es “mayor que el que implica la logística y el tipo de cambio”.
La gran pregunta es: ¿Como se hace para producir en un esquema en el que los impuestos se llevan la parte del león?
Según un relevamiento reciente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el campo paga más de 33 impuestos, todo un número considerando la exigua cantidad que se aplica en los países competidores del resto del mundo. Ese no sería el mayor problema (más allá del absurdo costo de administrar tantos gravámenes), sino fuera por las alarmantes alícuotas, superposiciones y efectos encadenados que aumentan exponencialmente, tanto los costos de producción, como los precios al consumidor.
Debido a esto, y de acuerdo a la cordobesa FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), la participación del Estado en la renta agrícola supera el 65%, aún después de la rebaja a cero% (0%) de la mayoría de los Impuestos a la Exportación (retenciones) en casi todos los productos, excepto en la soja donde aún permanece en el 30%, pese a lo comprometido.
Tanto es así que se estima que, en muchos rubros, cerca de la mitad del precio minorista corresponde a gravámenes.
La política impositiva es, además, una de las razones que justifica el alto “costo argentino”, que sigue restando competitividad a las exportaciones locales, y también desanimando inversiones extranjeras, e incluso también argentinas, alarmadas por la alta presión fiscal.
Y la voracidad recaudatoria tampoco respeta límites. Así son comparables los niveles nacional, provincial y municipal, sin que nadie ordene, y, mucho menos acote, los crecientes excesos que llevan a que cualquiera a quien “no le cierran las cuentas” disponga arbitrariamente de los dineros ajenos, aún a pesar de las leyes vigentes que indican, por ejemplo, que es el Poder Legislativo (el Congreso) el que define los impuestos; que los Consejos Deliberantes deben hacer lo propio a nivel municipal, y que las intendencias no pueden imponer otra cosa que no sea tasas, y estas deben corresponder a un “ servicio” comprobable lo que, evidentemente no ocurre. Como ejemplo, basta ver cual es el estado de los caminos vecinales para cuyo mantenimiento se supone que se cobra la Tasa Vial.
Ni hablar de los topes de alícuotas que están fijados pero que nadie respeta, incluyendo a la propia Nación, según se comprobó estos días con la discusión parlamentaria sobre Ganancias.
Un recorrido por países similares a Argentina como Nueva Zelandia, da cuenta que en los últimos 10 años han bajado le peso de los gravámenes y, lógicamente, de la mano de esa acción, fueron disminuyendo el gasto público. Algo que también acaba de comprometer el electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reactivar la economía, a la inversa de lo que está ocurriendo en Argentina.
Otro efecto indeseado del exceso impositivo es la falta de inversiones. De acuerdo al economista Miguel Angel Broda, Argentina tiene la mayor presión impositiva de Latinoamérica. A su vez, es el país con menor inversión privada de la región ya que mientras esta alcanza a 17,2% del PBI, localmente solo se alcanza 12%.
El anárquico escenario favorece el surgimiento y superposición de impuestos que terminan actuando como verdaderas “aduanas interiores”, ya que muchas provincias y municipios terminan teniendo su propio “portafolio” de impuestos, que tampoco se condice con los de la Nación.
Un caso muy emblemático es la tierra, un bien de capital por excelencia que, mientras está en producción paga a nivel nacional (Bienes Personales o equivalente); en las provincias (Inmobiliario Rural), y en los municipios (Tasa Vial), es decir, triple imposición, al margen de lo que debe abonar ante una operación inmobiliaria de compra-venta.
En este escenario es absolutamente atendible, entonces, que la reactivación económica no aparezca y los “brotes verdes” se demoren a la espera de un verdadero replanteo fiscal, ya que el desorden creciente que hay en materia impositiva -y la voracidad manifiesta- no se corrigen con medidas aisladas, sino solo con un plan integral que apunte a la producción y a la creación de riqueza para poder distribuir, y no todo lo contrario. Y esto vale para todos los sectores productivos, no solo para el campo y sus agroindustrias.