Difícilmente, en aquel lejano 1996, cuando el entonces Secretario de Agricultura de La Nación, Felipe Carlos Solá, se decidió a firmar la controvertida resolución que aprobaba el uso en la Argentina de la soja “RR” (el primer producto biotecnológico de uso comercial en el país), haya siquiera imaginado el alcance de su decisión. Es que a partir de allí la oleaginosa, no solo transformaría fuertemente el escenario productivo local, sino que tendría una creciente importancia económica, y un ascendente político de tal magnitud, que en la última década se le atribuye, en gran medida, el sostenimiento de todo un Gobierno.
De hecho, Néstor Carlos Kirchner fue reconocido como “el Presidente de la soja”, y los dichos de su sucesora, Cristina Fernández, enojada por la “dependencia” económica que se le atribuía a la soja, peyorativamente llegó a calificarla como “el yuyo”.
El caso es que la soja biotecnológicamente modificada, había irrumpido en los Estados Unidos en 1995. Y Argentina estuvo entre los primeros del mundo en aceptarla, apenas un año después.
Por entonces, aunque su producción venía creciendo en el país en forma sostenida, “solo” ocupaba menos de 7 millones de hectáreas, con una producción que apenas superaba los 10 millones de toneladas por año. El rendimiento era 1,7 toneladas por hectárea.
Sin embargo, se había abierto un cauce técnico de crecimiento exponencial, que permitiría “entrar” con el cultivo en zonas impensadas poco tiempo atrás, ampliando rápidamente la frontera agrícola. Ya en el 2000 se había duplicado la producción a más de 20 millones de toneladas, los rindes habían ascendido a 2,3 toneladas por hectárea, y las mejoras seguían.
Pero ese ritmo de crecimiento se vió alterado a partir de 2004/2005, a partir de crecientes intervenciones oficiales en la política económica, que provocaron el retroceso de una serie de actividades y cultivos, favoreciéndose el avance de la soja.
Los principales desplazados fueron la ganadería y el maíz, cayéndose en lo que dio en llamarse “la sojización”, de la cual la oleaginosa no fue para nada culpable. Solo era más rentable y menos “peligrosa”, ante las crecientes restricciones a la exportación que iban sufriendo otros productos como la carne, el trigo y el maíz. Como la soja tiene un muy bajo consumo local, y mayoritariamente se exporta (como grano, como harina y como aceite), no había mayores riesgos con las limitaciones cuantitivas que se aplican en otros rubros, y lo único a atender era que no siguiera aumentando el nivel de retenciones (impuestos a la exportación) que se le aplicaba. Justamente el intento de un nuevo aumento, fue lo que disparó la crisis de 2008, con la famosa Resolución 125 de retenciones móviles.
Pero, provocado o no por la política oficial, lo cierto que el fuerte desfase a favor de la oleaginosa, coincidente con el salto alcista en los precios internacionales de los granos, tuvo un importantísimo impacto en el ingreso de divisas, pero más especialmente en las cuentas fiscales que fueron recibiendo fondos crecientes que provenían del casi despreciado cultivo que el año pasado ya rondaba los 20 millones de hectáreas, con alrededor de 50 millones de toneladas de producción y rendimientos superiores a los 2,7 toneladas/ ha.
Tanto así que según el informe presentado la semana pasada durante el aniversario de AcSoja, la cámara que nuclea a toda la cadena productiva, en 2013 mientras las exportaciones argentinas totales ascendieron a 81.600 millones de dólares, con una participación del sector agropecuario y agroindustrial de 48.000 millones, la soja fue la responsable de ventas al exterior por 21.000 millones. Algo más de 25% del total. De esta forma, el complejo soja lidera las ventas externas del país. Le sigue el sector automotriz (11.600 millones de dólares), el cerealero (9.400), el petrolero petroquímico (6.400), las exportaciones de carne y leche (4.000) y las del sector frutihortícola (2.400).
A su vez, la producción de alrededor de 50 millones de toneladas (como se viene produciendo en los últimos años) equivale a un valor FOB de algo menos de 20.000 millones de dólares, que representaron cerca del 8% del PBI argentino.
“El derrame de la cadena de la soja es insospechado. Considerando sólo los viajes a puertos que se realizan para transportar el 80% de la producción nacional, dado que hay soja que se procesa en complejos del interior, se realizan 1,4 millón de viajes de camión, por un valor aproximado de 1.200 millones de dólares”, dice la gente de AcSoja.
Sin embargo, para la gente del Gobierno, estos no deben ser más que “meros” detalles. Lo realmente importante tampoco son los más de U$S 20.000 millones anuales en divisas que le produce la oleaginosa sino, más vale, los U$S 45.000 millones (¡!) que generó solo en concepto de retenciones, en la última década, equivalente a más del 50% del total de la recaudación fiscal por ese mecanismo.
Ahí se entiende que “el yuyo”, parece que es bastante más que eso, y que el Gobierno, aunque aparente despreciarlo y minimizarlo, dependió –y depende- fuertemente de este porotito…
Seguramente, que distinta hubiera sido entonces la historia, si hace 18 años Solá no se hubiera animado a enfrentar a controvertidos ambientalistas y, como Brasil, hubiera postergado la aprobación biotecnológica a 8-10 años después…