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El reino de las compensaciones (arbitrarias)

Escribe Susana Merlo

No hay vientos buenos, cuando no se conoce el rumbo; y no hay plata que alcance, si no se cuenta con planes concretos (y mucho menos, si los recursos son escasos).
Entre ambas aseveraciones parece fluctuar la Argentina en general, y el sector agropecuario en particular.
Desde hace años el país productivo está casi estancado, con el único crecimiento que le permiten los extraordinarios desarrollos tecnológicos mundiales que, a pesar de la economía semicerrada, y las restricciones cambiarias, siguen llegando al país (aunque no todas son económicamente aplicables debido a otras distorsiones locales). Esto determina que, con buen clima, las cosechas crecen, y con mal clima (como la última seca), los volúmenes se hacen añicos, sin atenuación técnica, económica, o financiera, impactando también en el ciclo siguiente.
Lo llamativo es que tras décadas de diagnósticos, ya que el último crecimiento sostenido fue en los ´90, las autoridades de turno siguen insistiendo con crear comisiones para “estudiar” la situación, y evaluar las alternativas para aplicar, las que irremediablemente van a llegar tarde, arrastrando empresas, empresarios, trabajadores, y familias en su caída.
En este caso, es igualmente sorprendente que los escasos recursos que tiene el país, se sigan aplicando en forma anárquica, arbitraria, de a puchos, en un lado y en otro, sin ningún aparente hilo conductor que permita aplicar esos pocos fondos con la mayor eficiencia posible.
Todos con títulos ampulosos, el Plan de Fomento Lácteo, solo otorga ayuda a algunos de los productores de menos de 5.000 litros (la mitad del total), y no al resto. El de pollos y cerdos no contempla la crítica situación de los feed lots; y el del norte de Santa Fe, asigna recursos solo a algunas localidades de esa provincia, como si las del sur estuvieran bien.
La ambiciosa Ley de incremento de las exportaciones, ya vio pasar tres titulares de Agricultura, y sigue sin cerrarse en el Congreso. Y así sucesivamente.
Hace años que se debe votar una nueva ley de Emergencia Agropecuaria en lugar del salvavidas de plomo que implica la ley vigente, pero todos parecen estar muy cómodos con la discrecionalidad (y escasez) de la vieja norma.
En la crisis climática actual, sumando todos los anuncios, la “ayuda” oficial extra se eleva hasta ahora a poco más de U$S 100 millones, mientras que las pérdidas que se estiman por la seca ya superan los U$S 15.000 millones, considerando carne, leche, fruta, granos, y hasta abejas cuyas colmenas fueron destrozadas por la seca y el calor.
¿Realmente algún funcionario piensa que los productores van a creer algo de lo que elabore la “comisión” para estudiar la situación y elaborar “otro” nuevo diagnóstico, y de las medidas que se van a aplicar?
Cualquier productor promedio puede recitar sin respirar lo que pasa, y lo que hace falta. No se necesitan más estudios, ni más comisiones, ni más evaluaciones de medidas. Esta todo inventado, solo hay que aplicarlo si es que hay decisión, o quedarse muy callado si no hay respaldo político para hacerlo.
Las exportaciones de este año van a caer, y mucho, y es probable que varios precios internos se disparen por la escasez. Eso es lo que más le preocupa al gobierno que a esta altura ya sabe que va a contar con menor ingreso de divisas, con menor recaudación fiscal (por las retenciones), y que seguramente tampoco tendrá “adelantos” de los productores como otros años que, cuando las papas quemaban, estaba el sector agroindustrial para echar mano.
Ahora es al revés.
Sin embargo, más grave aún es que esa misma falta de recursos del 2023, pero del lado de los productores, va a significar menor liquidez para la campaña 23/24, aunque seguramente el actual oficialismo debe pensar que ese será el problema de “los que vienen”, y ellos calculan que será la actual oposición.
¡Problema resuelto!
¿Realmente está resuelto, aún políticamente?.
Además de las urgencias (que en más de un caso son hasta atenuables, con algo de estrategia, y utilización de recursos disponibles como tanques cisterna, maquinaria pesada, información, controles, etc.), el problema mayor pasa por la falta de liquidez por uno o dos años, con que queda la producción para poder continuar con el ciclo productivo. Las políticas estructurales y las estrategias de contingencia son para encarar mucho antes, no para después que el daño está hecho.
El verano pasado, también seco, se quemaron solo en Corrientes, un millón de hectáreas, y otro tanto en una media docena de provincias del norte.
¿Cuánto costó ese desastre, económica y ambientalmente?.
Y, ¿qué se hizo desde entonces para tratar de atenuar esas consecuencias si los incendios se repiten, algo que sucede todos los años, en invierno y en verano, cuando son muy secos?.
Pues poco y nada. Solo se exigen largas declaraciones a los afectados, como sospechosos de haber (auto)prendido sus campos. Se sigue sin aviones y helicópteros hidrantes; sin preparar al personal de los campos en la lucha contra el fuego; en dotar a los bomberos de las zonas mas riesgosas con móviles y hasta mochilas hídricas para los controles de fuego. No hay una comisión de emergencia para que se ponga en marcha automáticamente y que sepa que debe hacer y como. Tampoco están definidos los mandos.
No hay un SAME, ni un Crescenti.
Ahora tampoco…, y los pocos fondos que van apareciendo, se distribuyen a tontas y locas, sin (casi) ninguna eficiencia, e irremediablemente tarde…