Sin embargo, no debiera ocurrir lo mismo con las cuestiones locales, como la política económica, donde, en algo más de dos años, hubo cantidad de cambios, si bien todavía faltan otros tantos.

Del reclamo al uso efectivo de las herramientas

Las autoridades del área, por su parte, también se muestran “desconcertadas”, tanto por la falta de reconocimiento como por la baja adhesión que despiertan algunas herramientas que, en general, los funcionarios no explican.

De hecho, a pesar de la cantidad de escollos, restricciones y trámites administrativos que se fueron removiendo, y de la existencia de mercados que funcionan en forma independiente, sigue siendo bajísima la operatoria de los productores en los mercados de futuros y opciones. Es más, ni siquiera la agroindustria derivada, como frigoríficos, molinos, etc., se cubre con estas alternativas que eran reclamadas cuando todavía no existían los mercados en dólares, surgía el Impuesto PAIS o había una brecha cambiaria significativa para operar.

Tanto es así que, mientras en Chicago cada año se “da vuelta” la cosecha estadounidense varias veces, en Argentina ese volumen operado en futuros ahora llega a unas 90 millones de toneladas, apenas el 75 % de una campaña, aunque en crecimiento, por lo que se espera superar los 100 millones de toneladas operadas en este 2026.

Lo mismo se podría decir de la inflación, cuya reducción era muy reclamada por todos los sectores, aunque, en realidad, parece que constituía una gran “ayuda” para licuar los pasivos, que ahora van quedando en evidencia y que obligan a aumentar rápidamente la eficiencia o quedar por el camino.

Una cosa era el “discurso” y otra la realidad.

Naturalmente, no todos creyeron desde el principio que los cambios iban a seguir (todavía hay quienes dudan), por lo que esperaron, no reaccionaron en forma inmediata y, tal vez, tampoco tenían la agilidad para actuar adaptándose a la nueva realidad y, mucho menos, a la tecnología que está marcando cambios exponenciales.

Un ejemplo claro es el RIMI (Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones), del que + P viene hablando y explicando desde el primer momento y que, a pesar de haber sido muy reclamado desde que apareció el RIGI en el ’24 para las “grandes inversiones” (minería, energía, etc.), ahora que ya está reglamentado, y con el campo y sus agroindustrias entre los principales candidatos a su adopción, todavía no está generando mayor movilización ni curiosidad.

Tal vez porque falta más difusión oficial o porque en este sector todavía se trabaja mucho “tranqueras adentro”, sin darse cuenta de que lo que ganan por ese lado después lo pierden “tranqueras afuera”, en la comercialización, la industria, etc.

Lo cierto es que, mientras las industrias convencionales y sus organizaciones, como la UIA, ya hicieron un par de reuniones con funcionarios incluidos para aclarar los procedimientos y las posibilidades de la nueva herramienta, en el “campo” todavía no pasa mayormente nada.

Ni siquiera el atractivo de las amortizaciones aceleradas ni de la rápida devolución del IVA lograron generar mayores consultas entre buena parte de los potenciales interesados que, en realidad, tendrían que ser casi todos, ya que incluye inversiones desde U$S 150.000 hasta U$S 9 millones en dos años, y abarca a todos los bienes nuevos amortizables, con el solo requisito de tramitar el certificado PyME.

Inversiones, tecnología y cambios desiguales

Y, si bien es cierto que el ambiente político está enrarecido, la economía general parece marchar por otro carril, con una inflación que retomó el camino de la baja; crecimiento de las reservas; baja del riesgo país; exportaciones crecientes (a pesar del nivel del dólar); y un PBI que, aunque poco, se mantiene creciente.

Simultáneamente, se van produciendo las licitaciones como la Hidrovía, rutas y FFCC(todas para salir en estos días) que, si bien no van a dar resultados inmediatos, están marcando una línea de trabajo con una orientación correcta después de años de estancamiento.

Los precios agrícolas, por su parte, no son récord, pero tampoco están cerca del piso, mientras que la carne vacuna y ovina “vuela”.

Pero no todo está lento. Hay rubros o sectores que rápidamente pusieron en marcha cambios importantes, como los drones, la robótica en cantidad de aplicaciones, la genética, la transgénesis (que seguramente va a cobrar mucho más impulso si se respalda más la propiedad intelectual/privada), las comunicaciones, con una inédita cobertura casi automática de internet satelital en todo el país, etc.

Las inversiones, grandes y chicas, comienzan a aparecer, pero el movimiento no es parejo. Hay sectores muy atrasados que no terminan de acomodarse y, sobre todo, hay una gran disparidad e irregularidad impositiva que, en el caso de las provincias, recién está comenzando a tener alguna forma de cambio, cuando los gobernadores también caen en la cuenta de que el sistema de impuestos retrógrados (Ingresos Brutos, Sellos, etc.) y las tasas municipales que llegan a constituirse en verdaderas aduanas internas no los hacen elegibles para las inversiones (ni locales ni externas).

Tampoco el gremialismo se está “aggiornando” a la velocidad que se necesita para poder hacer frente a la nueva realidad, y lo mismo pasa con la educación. ¿Qué trabajo puede conseguir alguien que no está preparado para hacerlo, menos aún con las innovaciones tecnológicas que están apareciendo?

Y el campo, aunque no hizo demasiado para evitar que esto ocurra, ahora lo está sufriendo con falta de gente calificada para las distintas tareas, desde técnicos hasta profesionales o personal idóneo.

Pero ahora habrá que salir a hacerlo a toda velocidad, porque el sistema anterior ya no existe; desapareció, como los teléfonos fijos, y no va a volver. Pareciera, entonces, que lo único que falta es que los productores “crean” que las cosas van a seguir este camino, o que estén dispuestos a trabajar para que así sea…

Pero también la lechería logró salir de su estancamiento de los 10.600-11.200 millones de litros; los porcinos siguen aumentando su producción, y hasta la ganadería vacuna, que aún no se recupera de la tremenda pérdida de cabezas de hace 12-14 años, ya aumentó, sin embargo, alrededor de 8 kilos promedio, lo que, con una faena anual de 12-14 millones de cabezas, permite avizorar también un paulatino aumento de los volúmenes exportables (amén de los muy buenos precios internacionales que prometen mantenerse).

A su vez, la creciente apertura económica del país, los nuevos acuerdos comerciales, como el de la Unión Europea, el acercamiento a los EE. UU. y, sobre todo, la permanente llegada de nueva tecnología que permite vencer obstáculos y aumentar rendimientos, le aseguran al “campo” un futuro promisorio.

Argentina tiene lo que los demás quieren: energía, alimentos, minerales raros, mucha tierra (buena), poca población y agua dulce a discreción.

Y puede lograr mucho más aún, como la ampliación de la frontera agrícola a partir de nuevos cultivos que pueden transformar la Patagonia, como los maíces supercortos que ya se experimentan con éxito en esa región; los tres cultivos anuales en el centro-norte (como hace Brasil con su zafrinha), o la diversificación y llegada de nuevas oleaginosas de invierno, que se va a acelerar ni bien se pueda garantizar la propiedad intelectual de las semillas; lo que puede convertir también al país en un gran proveedor (local e internacional) de biocombustibles, especialmente para la aviación, que es lo más contaminante (seguido por el transporte carretero).

Los costos de la transformación

Después de este baño de positivismo, más de uno va a seguir leyendo tan extrañado como curioso. La “térmica” muestra otra cosa en algunos casos.

Es cierto. Toda esta realidad no significa ni que todos estén bien, ni que no haya más reclamos para hacer, ni que todos vayan a crecer a la misma velocidad. Así, mientras por un lado vuelve a aumentar la “escala”, especialmente en las actividades más tradicionales, hay rubros que aparecen sobredimensionados, como algunos eslabones de la industria frigorífica, láctea, aviar o molinera, por ejemplo, y ya se escuchan los crujidos.

Es más, algunos que reaccionen más rápido podrán reconvertirse y otros van a desaparecer. Las reglas de juego cambiaron y, por lo tanto, cambió el juego.

Tampoco esta vez hubo tiempo, o se previó, una red de contención para atenuar las pérdidas o ayudar en la reconversión de los más chicos o débiles, que bien podrían formar parte de una nueva cadena de proveedores y producción.

Pero no se hizo.

Y la sacudida no es solo por lo tecnológico. Por ejemplo, la baja de la inflación, que dejó de “licuar” pasivos, hizo desaparecer de un plumazo muchos negocios y dejó crudamente al descubierto las ineficiencias en los esquemas más variados.

Y esto es así en todos los frentes, no solo en el de los privados. También las provincias y los municipios van cayendo paulatinamente en la cuenta: hay que recortar los gastos y aumentar la efectividad.

Pero, por distintas razones, no siempre ocurre a la misma velocidad para todos. Recientemente, lo dijo un gobernador cuando asumió: “Ellos (los mandatarios) tenían que hacer lo mismo que el campo venía haciendo hace dos años: recortar gastos y ser más eficientes”.

Tampoco el gradualismo se dio en las comunicaciones. De un día para otro, las conexiones de internet llegaron vía satelital a todos los rincones del país, borrando la brecha entre los que venían “comunicados” (vía fibra óptica) y los que nunca iban a poder alcanzar esa tecnología y estaban afuera.

Se federalizó la información, y hasta los remates de hacienda hoy se pueden hacer a distancia, por distintos medios y sin moverse ni el comprador ni el vendedor, ni sus animales, abaratando costos, pérdidas y traslados.

Seguramente, en estos cambios, algunos tuvieron que dejar de hacer lo que hacían y dedicarse a otra cosa, o modificar sus esquemas, pero no se puede discutir que es mejor, y no solo para unos pocos.

La infraestructura y las reformas que faltan

Pero también el estado de “abandono” que traía el país conspira contra la adopción de cambios más acelerados y masivos. Y en esto la falta de infraestructura es clave. Sin caminos, sin ferrocarriles, sin más puertos y sin más aduanas para cruzar de este a oeste hasta el Pacífico, es imposible acelerar más el crecimiento.

Esta campaña agrícola es el ejemplo más claro. Con colas de camiones, discusiones por precios de fletes, cupos y hasta por almacenaje que no hay, porque hace años que no se invierte en obras, infraestructura y logística.

Y este, tal vez, sea el punto clave: para invertir hay que tener expectativas positivas, y recién ahora algunos comienzan a creer que realmente el cambio es estructural y que no se va a volver atrás, como sucedió otras muchas veces…

Pero compensar el atraso requiere mucho capital, grandes inversiones y previsibilidad de que no se va a volver a cambiar. ¿Vale todavía la palabra de un defaulteador serial como Argentina? ¿Cuánto crédito consigue un moroso histórico? ¿El mundo le cree a la Argentina (no a este Gobierno)?…Veremos.

Lo cierto para los productores es que no pueden esperar porque, si no se adaptan, se caen del sistema y, simultáneamente, deberán afrontar el desfase (y los costos) de la falta de logística e infraestructura, que no va a aparecer de un día para el otro.

Es probable, por caso, que tanto la Hidrovía como los FF. CC., comenzando por el Belgrano Cargas y el San Martín, demoren al menos cuatro o cinco años en concretar la primera etapa de obras de fondo para compensar el atraso que traen y poder circular medianamente.

Recién ahí se podrá comenzar a hablar de crecimiento, de disminución de pérdidas y de abaratamiento de costos.

Queda, por otro lado, un gran tema pendiente, que está más en manos del Parlamento que del Poder Ejecutivo, y es la reforma impositiva de fondo, que cambie la mentalidad del siglo pasado en materia tributaria para ingresar definitivamente al siglo XXI, y que el país pueda expresar entonces su verdadero potencial productivo, como hace 100 años, cuando los inmigrantes llegaban de a miles a Sudamérica.

El hecho tuvo lugar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la Jornada de Jonagro, que anualmente organizan los ruralistas de CRA, que preside Carlos Castagnani, y en la que, de entrada, con Sturzenegger a la cabeza, no hubo concesiones, ya que el funcionario no se privó, incluso, de las “correcciones” ante algunos dichos que dejaron en claro, lamentablemente, que, a pesar del tiempo transcurrido (más de 20 años), todavía varios no conocen del todo la “letra” de las propuestas que están en juego.

Un caso fue cuando aludió a los que sostienen que “defienden a los productores”, en referencia a los cambios que se tratan de impulsar para modernizar el sistema de semillas. “Y yo digo que defender la propiedad intelectual de la semilla, eso sí es defender al productor. No dejar caer la productividad. ¿Cómo es posible que un algodón en Brasil rinda 1.400 kg/ha y en Chaco 600 kilos? Eso es porque falta un marco legal que proteja a las semillas de 1.400 kilos. Lo que digo es que podríamos duplicar la producción del Chaco. Y también ocurre lo mismo con el tabaco o el trigo…”, replicó.

Pero tan importantes como las aclaraciones fueron algunos adelantos, como cuando afirmó que “en las próximas semanas va a haber una liberación muy fuerte del mercado de capitales. Todas las emisiones por debajo de los U$S 100 millones (unos 120 millones de UVAs) no van a necesitar autorización previa de la CNV”.

Menos regulaciones y apertura a las inversiones

“Siempre me pregunté por qué el campo se financiaba con deuda y nunca con acciones. Creo que era por la complejidad que había. Ahora va a ser mucho más simple y ágil. Todo esto va a cambiar en unos 15 días”, aseguró.

También confirmó que “el Estado debe ser menos ‘invasivo’. Por eso, en la producción de fruta le sacamos una serie de competencias al Senasa, especialmente sobre calidad, ya que eso lo debe fijar el mercado, y el Senasa se debe concentrar en los certificados fitosanitarios y de policía sanitaria. Tiene que controlar la sanidad, no la calidad. Nada tiene que hacer el Estado en esto”, aseguró, ante la mirada atenta y muy silenciosa, especialmente de las primeras filas.

Y, aunque no es inmediato, fue muy importante la ratificación de la apertura del mercado de fertilizantes y las nuevas inversiones previstas. “Abrimos la comercialización. Argentina está creciendo en la producción de gas y puede inyectarlo a U$S 2,5/BTU (en Neuquén y Río Negro), mientras que Brasil lo hace a U$S 10/BTU. De tal forma, el país pronto va a ser uno de los mayores productores de nitrogenados y, para eso, ya tenemos en carpeta dos gigantescos proyectos de U$S 5.000 millones cada uno”, especificó.

Pero también es llamativa la falta de internalización del tema, al menos en la Argentina, a pesar de que más del 83% del comercio entre ambas regiones (Europa y el Mercosur) quedó comprendido en los beneficios cruzados, algunos en forma inmediata y otros gradualmente.

Las autoridades, sin embargo, al menos las de Agricultura, parecen haberse preparado para el momento firmando sendas resoluciones (la 50/26 y la 53/26), por medio de las cuales se reglamentó el acceso a los beneficios. Allí se incluyen las 21 cuotas que la UE otorgó para diferentes productos agroindustriales del Mercosur, abriendo nuevas oportunidades que consolidan a esa región de Europa “como un socio comercial estratégico, a través de exportaciones de alto valor agregado, realizadas por numerosas empresas argentinas altamente integradas en este flujo comercial”, señala Agricultura.

Y entre estas se destacan las cuotas otorgadas a la carne bovina fresca y congelada de casi 100.000 tn que, a diferencia de la Hilton, es “sin discriminar edad de los animales ni tipo de producción” (la que más trascendió); la de aviar y la de carne porcina (cuya apertura sanitaria se encuentra en negociación); también para ajos, ovoproductos, miel, arroz, azúcar, maíz y sorgo; etanol y productos lácteos.

En sentido inverso, el Mercosur concedió a la UE once (11) contingentes arancelarios, de los cuales cuatro serán permanentes (quesos, ajos, leche maternizada y leche en polvo), mientras que otros siete (chocolates y tomates envasados) se transformarán en libre comercio después de 10 a 14 años —según el caso— de aplicación del acuerdo. El proceso estará sujeto a un licenciamiento previo para el ingreso al territorio argentino.

En realidad, desde que comenzaron las primeras conversaciones hacia fines de los ’90 hasta la actualidad, hubo muchos cambios, tanto en la Europa comunitaria como en el Mercosur que, en aquel momento, era mucho más fuerte y activo que en la actualidad. Pero además, la realidad productiva de los miembros sudamericanos era otra, con una Argentina pujante, un Paraguay que recién comenzaba a ordenarse y un Brasil que aún no había dado el “salto” productivo de las últimas dos décadas y media, en las que se transformó en uno de los principales productores de alimentos del mundo y, por ende, también en un gran exportador.

Como es sabido, en este tipo de asociaciones generalmente los más beneficiados son los países más chicos, en especial si son “ordenados”, como ahora resultan Uruguay (histórico) y Paraguay. El esquema, entonces, deja un rol para la Argentina, que nadie declara en voz muy alta, que es el de “acompañar” las exportaciones, ya que los volúmenes de producción son limitados al lado de Brasil.

Sin embargo, queda una chance, y bastante interesante, a la luz de lo que ocurrió en los ’90, y es la promoción de las inversiones en las distintas cadenas productivas, al tiempo que se “liberaliza el 84% de los aranceles de exportación de los productos agroindustriales del Mercosur y se establecen cuotas o preferencias fijas para casi el total de los productos restantes, mejorando así el acceso al mercado europeo”.

Y este aspecto es, tal vez, el que más le conviene a la Argentina hoy, cuando lo que más necesita son “inversiones”, sobre todo en materia de producción de alimentos y en el resto de la cadena agroindustrial, ya que tanto la energía convencional como la minería comenzaron su despegue creciente de captación de capitales internacionales desde hace casi dos años.

Por supuesto que las luces de alerta aún no se apagan, dada la historia comunitaria de proteccionismo a su propia producción, desde hace décadas entronizado en la PAC (Política Agrícola Común), la “creatividad” de las salvaguardas, las herramientas de supuesta protección ambiental a las que apelaron como verdaderas barreras al comercio, etc., y con evidentes malos resultados, pero…

También es cierto que así como el Mercosur todavía tiene muchos deberes por hacer para armonizar las normas regionales e internalizarlas, para poder salir con una oferta “conjunta”, también la realidad europea es ahora muy distinta a la del siglo pasado. Entre otras cosas, porque las corrientes migratorias desde el este eran muy inferiores, Gran Bretaña estaba aún dentro de la Comunidad o no tenía dos guerras, como ahora, al lado de su territorio (Rusia vs. Ucrania e Irán vs. Israel).

Por otra parte, como +P señalaba en diciembre del año pasado, si se mira el tamaño de los mercados, el Mercosur gana mucho más que la Europa comunitaria, que supera los 450 millones de habitantes, vs. los 280 millones en el Mercosur. Algo más de 700 millones de consumidores, en conjunto.

Además del hecho de que “también la UE constituye una de las economías más grandes y avanzadas del mundo. Varios de sus países están en el G7… Pero contra esto está la superficie de casi 13 millones de km² para el Mercosur, vs. apenas 4,2 millones de km² para Europa (con el doble de población). En esta parte de América del Sur “sobra” el espacio y en el Viejo Continente falta. De ahí los problemas de contaminación y la creciente sensibilidad sobre los temas ambientales”, y con esto algún sector pretende justificar las restricciones comerciales.

El histórico acuerdo ya es una realidad: más exportaciones, mayor competencia y un nuevo mapa de negocios entre Europa y Sudamérica.

De todos modos, las dos partes (menos los productores europeos, que tienen fundados temores de Brasil) creen que ganan. Así, mientras en Europa los empresarios piensan que se van a abastecer de materias primas abundantes para procesar y vender en el Mercosur alimentos “listos”, envasados y con marca —incluidos vinos, fideos, fiambres o aceite de oliva, entre muchos otros—, de este lado se cree lo mismo. Pero esto implica traer más tecnología y capitales para poder industrializar aquí y venderles a los europeos con más proceso.

En todo caso, lo que no es discutible es que el comercio va a crecer, también las inversiones (en especial en el Mercosur) y, más que probablemente, la participación del Viejo Mundo en el área de servicios, licitaciones, etc., siempre y cuando se haga una rápida puesta al día de la legislación, lo que incluye propiedad privada, patentes y denominaciones de origen, entre otras cosas.

Para la Argentina, el tema promete. Es que, aun sin este acuerdo con Europa, con el bilateral con EE. UU. que todavía no se pone en marcha en comercio y con un RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones) recién aprobado, igual ya está consiguiendo en este ciclo 25/26 una cosecha récord de granos. Entonces, sin mayor posibilidad de error, se puede prever un futuro en el que se retome el desarrollo consistente para la agroindustria argentina.

Pero en el multitudinario encuentro del Centro de Convenciones quedaron en claro varias cuestiones y, entre ellas, que las coincidencias son muchas más que las diferencias (al menos, en público). Es que tanto los hombres de negocios como los gobernadores que actuaron en la jornada coincidieron con los funcionarios nacionales que también fueron oradores, desde el canciller Pablo Quirno hasta el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, incluyendo al de Salud, Mario Lugones; el de Interior, Diego Santilli; y también la infrecuente presencia del titular de Agricultura, Sergio Iraeta, lo cual, obviamente, no sorprendió, ya que la agroindustria sigue siendo el principal sector exportador de la Argentina y el de mayor peso geográfico por su distribución en todas las provincias.

Tanto fue así que ambos rubros (energía-minería y agroindustria) absorbieron buena parte del día, aunque casi todos los temas fueron abordados.

Reclamos cruzados y urgencias estructurales

Pero si los inversores reclaman, los gobernadores reclaman y las autoridades nacionales reconocen los ajustes que aún faltan y los “pendientes” que todavía arrastra el Gobierno, entonces, ¿Cuál es el quid de la cuestión?

En primer lugar, que las soluciones se necesitan “ya”, lo cual es imposible porque la mayoría requieren tiempo y porque tampoco existen los recursos económicos suficientes.

La segunda gran cuestión es que, en general, se “exige” lo que debe hacer el otro, pero no se ejecuta lo propio con la misma premura.

El caso más emblemático y mediático es Vaca Muerta, ya en marcha, con un gran potencial, pero falta infraestructura de ferrocarriles, puertos, caminos, más comunicaciones, más urbanización para el personal, mano de obra calificada, etc., etc., etc.

Ni siquiera se pueden controlar los precios debido a la gran demanda y a la escasa logística, ni los conflictos sociales que provoca un aluvión de gente de distintas extracciones, orígenes y hasta expectativas en lugares donde no había nada ni nadie. Salvando las distancias, una especie de “fiebre del oro” de los EE.UU., a la argentina.

Y, a su forma, así lo reconocieron los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) o Raúl Jalil (Catamarca), aun con realidades y políticas completamente distintas.

La mayoría destacó la baja de gastos públicos en sus provincias y de impuestos como Ingresos Brutos o Sellos, y también de tasas municipales, que desvelan tanto a los inversores del exterior como a los locales.

Igual, coincidieron en que se necesita una profunda reforma fiscal (nacional) que elimine gravámenes que pesan sobre la producción para que pueda crecer la actividad privada.

Y también reconocieron la “devolución de potestades” a las provincias (manejo de recursos, etc.) como un nuevo fortalecimiento del federalismo.

A medida que transcurrían las exposiciones, la calma iba aumentando, aun cuando la ex titular de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, “los mandó a hacer los deberes”.

“Hagan sindicatos por empresas”, “la modernización laboral ahora está en manos de las empresas y es para mejorar la productividad”, o “háganse dueños de las leyes, usen el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)”, fueron solo algunas de las consignas que la legisladora dejó a los hombres de negocios, entre los que se contaban representantes de 3M, Amazon Web Services, Cargill Argentina, Citibank, Chevron, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Newmont, Pan American Energy, Roche Pharma o Corteva Cono Sur, entre otros muchos.

Señales institucionales y expectativas del mercado

Pero, sin duda, la presencia del titular de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti, fue uno de los momentos más altos del día, en especial para los estadounidenses que aún ven en los temas de la Constitución y legales (patentes, propiedad intelectual, propiedad privada, etc.) un punto de debilidad para las inversiones en la Argentina.

Por eso, y considerando el “estilo” que deben adoptar los ministros de la Corte Suprema, y más aún su presidente (aunque el mensaje pareció estar dirigido también a varios frentes locales), Rosatti fue muy cuidadoso con sus palabras, pero enfático y efectivo cuando afirmó que “la seguridad jurídica es de todos”, que “el Poder Judicial es independiente” y que “el acatamiento de las decisiones de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) es obligatorio e importante para darle previsibilidad a las decisiones de inversión”.

Sin embargo, el plato fuerte del día, y lo que los asistentes esperaban, vino de la mano del propio presidente de la República, Javier Milei, justo en el día en que también se conoció la inflación récord de los últimos meses. Y también aquí, no solo el jefe del Ejecutivo fue “cuidadoso” con sus palabras, sino además particularmente “medido” en sus expresiones, lo que no le restó —al contrario— contundencia a las afirmaciones, lo que pareció gustar a la gente de empresas y despejar más de una duda.

Pero si esto es importante para los de afuera, lo es más todavía para los locales que, hasta ahora, soportan el grueso del peso de los lineamientos oficiales (y hacen las inversiones productivas).

De ahí que cobraran particular importancia frases como:

*La inflación, de ahora en adelante, va a bajar;

*La política monetaria no cambió y en el largo plazo es convergente;

*La demanda de dinero va a crecer;

*Si fuera cierto que generar inflación equivale a crecimiento, Argentina debería ser una potencia;

*El camino de la inflación lleva al infierno;

*La motosierra no se detiene;

*Vamos a seguir bajando impuestos, que son un robo;

*No vamos a ceder en seguir desregulando;

*No vinimos a eternizarnos en el poder. Después la gente podrá elegir si quiere más liberalismo;

*Si fuera un cínico o un maquiavélico, debería seguir abrazado a la ortodoxia.

“Si el Gobierno logra avanzar en este planteo, las inversiones se van a multiplicar”, fue la síntesis de un asistente mientras se retiraba.

Contexto con oportunidades…y riesgos

Por supuesto que la parte humanitaria está fuera de discusión y, en ese sentido, una guerra siempre es negativa; pero, como en cualquier enfrentamiento, hay quienes ganan y hay quienes pierden; quienes se benefician y quienes se perjudican…

Esta vez, en forma global, a la Argentina le tocó el mejor lado (hasta ahora). Está lejos del área del conflicto y es superavitaria (en monto) en dos productos críticos para la mayoría de los países: comida y energía.

Desde ese punto de vista, entonces, con el fuerte aumento en el precio mundial del petróleo y el incremento en la producción energética que se va registrando en el país, se calcula que el ingreso por exportaciones de ese rubro puede ser bastante mayor que el de 2025. A su vez, por inseguridad y arrastrados también por el petróleo, otros commodities como los granos comenzaron también a subir sus precios, lo que, al igual que en el caso anterior, puede significar un mucho mayor ingreso de divisas.

¿Cuál es la duda entonces? En primer lugar, se sabe que cuando el conflicto termine los precios van a ir volviendo a sus niveles anteriores. De ahí la gran duda acerca de cuándo vender y cuándo comprar, pues lo que nadie puede responder es: ¿Cuánto va a durar el conflicto? Y en esto, equivocarse en el momento de hacer una operación puede significar muchos miles de dólares, a favor o en contra…

Pero tampoco termina ahí la cuestión. La suba del petróleo, que viene tan bien para exportar, tiene un fuerte componente negativo en el mercado interno por el aumento de los combustibles. Es inflacionario. Viajes, transporte y más de un índice están atados a los precios de las naftas y el gasoil, con lo cual el efecto en “cascada” sobre productos y servicios es inevitable.

Impacto directo en el campo

¿Y para el campo? La situación es igual o peor. En los costos del transporteinternacional, además de la energía, se incluye el factor “riesgo” cuando se acercan a las áreas de conflicto, lo que los encarece e, incluso, hace que ni siquiera vayan a las zonas más “calientes”, lo que obliga a alargar los viajes, triangulando por otros puertos. Lógicamente, eso es más caro y se descuenta de los precios que, finalmente, van a manos de los productores.

El sector, además, es el mayor consumidor de gasoil para la producción en el país, y hay que sumar servicios y la movilidad. Por eso, la pregunta que flota en el ambiente es: ¿Cuánta área se va a sembrar y con qué?, entre otras cosas porque lo que hoy parece tener menos riesgo son la carne vacuna y la ovina (con precios internacionales muy sostenidos), lo que, para algunos, inclina la balanza hacia algunos maíces para silo o directamente a las pasturas.

Pero, además de la guerra, el combustible, el transporte y toda la serie de inseguridades e indefiniciones que se siguen sumando día a día, aparece la situación de un insumo que es clave para el campo: los fertilizantes, que están muy afectados por el conflicto.

Primero hay que aclarar que Argentina, que rondó los 5 millones de toneladas de uso en este último ciclo, prácticamente no se autoabastece. Solo una parte de la urea es local (alrededor del 50%). Fósforo, potasio, etc., son importados.

El otro tema es que la mayor provisión viene, justamente, de la zona en conflicto y, peor aún, el gas es uno de los insumos básicos para la fabricación de muchos de ellos. Y, como 2 + 2 son 4, entonces el mercado de fertilizantes en el mundo comenzó ahora a aumentar de la mano del petróleo, el gas y los transportes.

Con un tablero tan complicado y múltiple, los productores (e importadores) no saben muy bien aún cómo avanzar, porque hasta podría darse el doble efecto negativo de comprar insumos mucho más caros y luego vender los granos baratos porque la guerra termina y las cotizaciones vuelven a su cauce…

Por ahora, a nivel del campo, la prioridad sigue siendo completar la cosecha que, lluvias mediante, mejora en algunas zonas, sigue complicada en otras (por sequía) y comienza a soportar algunos excesos más propios del otoño, pero que demoran las labores y el secado de los granos (lo que también puede llegar a acotar algo los volúmenes finales).

Pero el tiempo que resta es cada vez más corto. Primero hay que definir “qué” vender, “cómo” y “cuándo”. A partir de ahí, y con pronósticos climáticos en la mano, deben comenzar las compras, especialmente de combustible, fertilizantes y algunos otros insumos, de la mano de la venta (¿gradual?) de su cosecha. Por supuesto que, al margen de la cautela, la tendencia natural de los productores, más aún después de una cosecha globalmente “buena”, va a ser, por lo menos, mantener el área cultivada actual.

Por su parte, los más informados sostienen que los insumos (importados) van a estar; la pregunta es: ¿A qué costo? ¿Un aumento en las cotizaciones internacionales va a compensar la suba de los insumos más críticos? ¿Se pueden acotar las inversiones en los cultivos?

Cualquier recorte en este sentido va en detrimento de los rindes, como ya se comprobó en esta última campaña con muchos potreros de trigo, y desde hace tiempo con la menor calidad de la soja por falta de fertilización adecuada.

Por eso, se sabe que una de las pocas formas de aumentar la producción de granos (y de forrajes) es fertilizando más y mejor, pero ¿se podrá esta vez, o ahora la guerra es la que vuelve a condicionar al campo?

¿Cuánto dura el conflicto? ¿Se extiende a otros países? ¿Hasta cuánto puede aumentar el barril de petróleo? ¿Y los commodities agrícolas? En todo caso, para un país como la Argentina, tan “alejado” de la guerra como creen algunos, el balance ¿será positivo o negativo?

Hay que comenzar diciendo que siempre una guerra es mala. Aunque no se esté en la línea de fuego (que ahora tampoco existe, pues no hay un solo lugar que pueda asegurar que el conflicto no lo va a alcanzar), los efectos negativos llegan de una forma o de otra.

También, como siempre, alguno se beneficia.

Para los especialistas en Defensa, esta guerra “será corta”, en parte por lo que está en juego (el futuro del liderazgo de la Administración Trump y de su aliado, Israel), y en segundo lugar por el altísimo costo que tiene. En tal sentido, y a diferencia del caso Rusia-Ucrania, aquí se está jugando el todo por el todo de entrada. Pero realmente nadie puede asegurar el lapso que tendrá el conflicto.

Es sabido, por otra parte (y EE. UU. tiene larga experiencia en eso), que si un enfrentamiento se prolonga en el tiempo da lugar a la “resistencia” de guerrillas,que van ganando más fuerzas en su propio terreno y que resultan mucho más costosas en vidas y en recursos. Vietnam fue un ejemplo.

Lo cierto es que los países no involucrados directamente en el conflicto comienzan a sufrir ya algunas de sus consecuencias y a analizar los probables impactos internos de las acciones.

De movida, el “salto” alcista del petróleo, eje visible del conflicto, ya se vio en los mercados y, si bien es cierto que para Argentina tiene un efecto negativo por encarecimiento en la producción de varios rubros y en los fletes (por ende, es inflacionario), por otro lado tiene un aspecto positivo, ya que a la Argentina —al volver a ser exportadora de energía, con un superávit energético el año pasado de U$S 7.000 millones— la puede beneficiar en sus ingresos actuales. Para el economista Ricardo López Murphy, también coloca al país en un lugar preferencial como “proveedor confiable”, ante los problemas que ahora enfrentan abastecedores más tradicionales.

Pero este tema, a su vez, también impacta sobre otros insumos clave de la producción agropecuaria local, como es el precio de los fertilizantes en general y de la urea en particular; en este caso, por su procedencia y por el gas que debe pasar por el Estrecho de Ormuz, hoy materialmente cerrado por las propias aseguradoras londinenses debido a los riesgos máximos del transporte marítimo. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “desde la región fluye aproximadamente el 25 % del comercio marítimo de petróleo y el 20 % de gas natural licuado, que es un insumo fundamental para la producción de, por ejemplo, la urea. Además, el Estrecho es la llave de paso de un tercio del comercio internacional de fertilizantes”. También es la principal salida de Arabia.

Naturalmente, aunque en un primer momento Chicago no reaccionó, finalmente fue arrastrado por el aumento del 10 % del petróleo y el viernes alcanzó subas en todos los productos, arrastradas por los fondos de cobertura. Según la BCR, “en treinta días hábiles las carteras de inversores sumaron 540.000 contratos de commodities agro en Chicago”.

Estos productos recibieron una presión adicional de su rol también como materia prima energética, especialmente el etanol, hoy uno de los ejes principales del conflicto.

Así, las posiciones más cortas de los principales productos cerraron el viernes a U$S 435/tn para la soja; U$S 176/tn el maíz, y U$S 224/tn de trigo, con ganancias de hasta U$S 25-30 por tonelada, y muy respaldados por los aceites que, en el caso del de soja, superó los U$S 1.420 por tonelada en Chicago. Para algunos, solo la valorización que sufrió el dólar acotó las subas.

Con ese escenario, las ventajas primarias que aparecen para la Argentina son tres: el superávit energético; el alto volumen de su actual cosecha (que puede llegar a ser récord, con cerca de 150 millones de toneladas de todos los productos); y el tiempo adicional con que cuenta para definir la nueva campaña 26/27 respecto al hemisferio norte, cuyas siembras de invierno comienzan en algunas semanas. Esto le da un margen de maniobra adicional, tanto por el momento de venta de la cosecha que está terminando como respecto a la compra de insumos estratégicos, como combustibles y fertilizantes.

¿Y la debilidad? Bien, es la misma que para todo el resto del mundo: la volatilidad de los mercados en estas circunstancias, con eventuales tomas de ganancias o cambios de expectativas, según lo que suceda con el conflicto en los próximos días (o no tan próximos…).

Pero el tema no termina ahí. Los analistas internacionales más “afilados” ya están encarando, además del final de la guerra, el paso siguiente, que es “la posguerra”: la reconstrucción y el análisis de los costos, de ganadores y perdedores, que no va a ser menor. En ese plano tampoco está claro cómo va a quedar el valor de las monedas.

De ahí que, contrariamente a las más tradicionales políticas legislativas del país (lineales), en este caso se incluye también el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un blanqueo de deudas de aportes y contribuciones a la seguridad social y una serie de medidas impositivas.

Y, a pesar de que en el tratamiento legislativo muchas cuestiones van quedando por el camino, producto de las negociaciones, hay varios aspectos de interés además de los básicos, como la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, de la que quedan excluidos del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual.

Aparece, por ejemplo, un Fondo de Asistencia Laboral para financiar parte de las indemnizaciones por despido (otra vez, con 3,5 % de aporte de la ANSES), que será de alto impacto, especialmente para las pymes que, en el caso del campo, constituyen la mayor parte de las empresas.

Otras cuestiones, como el eventual fraccionamiento de las vacaciones (con acuerdo entre partes), o el pago en dólares o especies de los salarios, o el banco de horas para compensar jornadas más largas por otras más cortas e, incluso, días libres, casi no forman parte de los usos y costumbres del campo, pero sí en otros sectores de la actividad económica.

Distinto es el caso de la ampliación de los sectores esenciales, ya que a los previstos de salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo, se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios y educación. El cambio implica que se “deberá” garantizar el servicio, impidiendo su suspensión absoluta como, lamentablemente, viene ocurriendo con medidas de fuerza en distintos rubros, por ejemplo, con la actividad en los puertos del Paraná, provocando grandes pérdidas y aumento en los costos de toda la cadena agroindustrial.

También pasan a considerarse infracciones graves los bloqueos y tomas de empresas, también frecuentes en varios sectores de la agroindustria como semillas, lácteas, etc. Se mantienen, sin embargo, el tope de 2 % del aporte solidario a los sindicatos, así como el tope de 0,5 % en los aportes a distintas cámaras.

La postura del gremio rural

Para UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, que lidera José Voytenco, uno de los alertas es la reforma propuesta al artículo 12 de la Ley 26.727 (de Trabajo Agrario), que “elimina el esquema de responsabilidad solidaria amplia, que obliga al principal (propietario o arrendatario) a responder por todas las obligaciones laborales y de seguridad social, cuando utiliza contratistas en actividades agrarias. También suprime la presunción legal que considera al trabajador como empleado directo del establecimiento cuando realiza tareas propias de la actividad normal, dejando al trabajador atado exclusivamente al contratista que lo registró, aun cuando este sea insolvente o transitorio, situación estructural en el trabajo rural”.

Según los especialistas del gremio, “el nuevo texto limita la solidaridad de la empresa usuaria únicamente a las obligaciones devengadas durante el tiempo de efectiva prestación, lo que excluye prácticamente la mayor parte de los créditos laborales (antigüedad, indemnizaciones, diferencias salariales previas, etc.). Además, amplía la exención de responsabilidad a cualquier propietario que arriende tierras, maquinaria o equipamiento, facilitando que las empresas rurales organicen su explotación mediante contratistas sin asumir responsabilidad real sobre los trabajadores”.

Y reconocen que “en el trabajo agrario, caracterizado por alta informalidad, estacionalidad y tercerización, estas modificaciones implican una regresión sustancial en la protección de los trabajadores”.

Por otra parte, cuestionan el lapso de prueba. “Elevarlo a ocho meses implica permitir un período prolongado durante el cual el empleador puede extinguir el vínculo sin indemnización por antigüedad ni derecho a preaviso, y sin necesidad de causa”.

“En un sector caracterizado por alta rotación, informalidad y fuerte asimetría de poder, un período de prueba tan extenso funciona como un instrumento de precarización”, sostienen desde la entidad gremial, que objeta, además, el debilitamiento del rol de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario). “La reforma reduce la tutela del trabajador rural frente a la variabilidad propia del trabajo por rendimiento, elimina un piso técnico y obligatorio fijado por el Estado para actividades estacionales y deja a los trabajadores expuestos a salarios mínimos más bajos, desfasados o condicionados a la voluntad negociadora del sector empleador”.

La visión de los productores

En la presentación hecha en el Congreso, la titular de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, destacó que el proyecto “tiene impacto estructural para el empleo y la economía nacional, ya que corrige distorsiones que durante años generaron litigios, informalidad y desaliento a la inversión”.

Con ese marco, la ONG de productores señala su acuerdo tanto con la “eliminación de la responsabilidad solidaria entre propietarios y arrendatarios” como con “la supresión de la figura del trabajador permanente discontinuo”. Igualmente, Barbechando destaca que la incorporación del FAL al sistema indemnizatorio “da previsibilidad ya que, ante un eventual despido, la pyme no pone en riesgo su continuidad”.

Naveyra aprobó, igualmente, la ampliación del período de prueba (a 8 meses) y la negociación salarial directa entre sindicatos y entidades, sin intervención del Estado. Sin embargo, destacó como “muy” importante “la incorporación de las personas físicas al RIMI”, ya que reconoce la verdadera composición del entramado productivo, aunque consideró que vía “reglamentación” pueden aclararse algunos puntos como el lapso para considerar los montos y los rubros que se incluyen.

También destacó “el diferimiento del pago de Impuesto a las Ganancias en la valuación de la hacienda, al momento efectivo de la venta, y la eliminación del cupo anual para devoluciones del IVA en las inversiones de capital”, es decir, devolución inmediata sin que se acumulen dudas de IVA estructural.

Para la dirigente, la actualización que conlleva la nueva ley ayudará a la “creación de más empleo formal, más producción y más inversión”.