Pero en el multitudinario encuentro del Centro de Convenciones quedaron en claro varias cuestiones y, entre ellas, que las coincidencias son muchas más que las diferencias (al menos, en público). Es que tanto los hombres de negocios como los gobernadores que actuaron en la jornada coincidieron con los funcionarios nacionales que también fueron oradores, desde el canciller Pablo Quirno hasta el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, incluyendo al de Salud, Mario Lugones; el de Interior, Diego Santilli; y también la infrecuente presencia del titular de Agricultura, Sergio Iraeta, lo cual, obviamente, no sorprendió, ya que la agroindustria sigue siendo el principal sector exportador de la Argentina y el de mayor peso geográfico por su distribución en todas las provincias.

Tanto fue así que ambos rubros (energía-minería y agroindustria) absorbieron buena parte del día, aunque casi todos los temas fueron abordados.

Reclamos cruzados y urgencias estructurales

Pero si los inversores reclaman, los gobernadores reclaman y las autoridades nacionales reconocen los ajustes que aún faltan y los “pendientes” que todavía arrastra el Gobierno, entonces, ¿Cuál es el quid de la cuestión?

En primer lugar, que las soluciones se necesitan “ya”, lo cual es imposible porque la mayoría requieren tiempo y porque tampoco existen los recursos económicos suficientes.

La segunda gran cuestión es que, en general, se “exige” lo que debe hacer el otro, pero no se ejecuta lo propio con la misma premura.

El caso más emblemático y mediático es Vaca Muerta, ya en marcha, con un gran potencial, pero falta infraestructura de ferrocarriles, puertos, caminos, más comunicaciones, más urbanización para el personal, mano de obra calificada, etc., etc., etc.

Ni siquiera se pueden controlar los precios debido a la gran demanda y a la escasa logística, ni los conflictos sociales que provoca un aluvión de gente de distintas extracciones, orígenes y hasta expectativas en lugares donde no había nada ni nadie. Salvando las distancias, una especie de “fiebre del oro” de los EE.UU., a la argentina.

Y, a su forma, así lo reconocieron los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) o Raúl Jalil (Catamarca), aun con realidades y políticas completamente distintas.

La mayoría destacó la baja de gastos públicos en sus provincias y de impuestos como Ingresos Brutos o Sellos, y también de tasas municipales, que desvelan tanto a los inversores del exterior como a los locales.

Igual, coincidieron en que se necesita una profunda reforma fiscal (nacional) que elimine gravámenes que pesan sobre la producción para que pueda crecer la actividad privada.

Y también reconocieron la “devolución de potestades” a las provincias (manejo de recursos, etc.) como un nuevo fortalecimiento del federalismo.

A medida que transcurrían las exposiciones, la calma iba aumentando, aun cuando la ex titular de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, “los mandó a hacer los deberes”.

“Hagan sindicatos por empresas”, “la modernización laboral ahora está en manos de las empresas y es para mejorar la productividad”, o “háganse dueños de las leyes, usen el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)”, fueron solo algunas de las consignas que la legisladora dejó a los hombres de negocios, entre los que se contaban representantes de 3M, Amazon Web Services, Cargill Argentina, Citibank, Chevron, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Newmont, Pan American Energy, Roche Pharma o Corteva Cono Sur, entre otros muchos.

Señales institucionales y expectativas del mercado

Pero, sin duda, la presencia del titular de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti, fue uno de los momentos más altos del día, en especial para los estadounidenses que aún ven en los temas de la Constitución y legales (patentes, propiedad intelectual, propiedad privada, etc.) un punto de debilidad para las inversiones en la Argentina.

Por eso, y considerando el “estilo” que deben adoptar los ministros de la Corte Suprema, y más aún su presidente (aunque el mensaje pareció estar dirigido también a varios frentes locales), Rosatti fue muy cuidadoso con sus palabras, pero enfático y efectivo cuando afirmó que “la seguridad jurídica es de todos”, que “el Poder Judicial es independiente” y que “el acatamiento de las decisiones de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) es obligatorio e importante para darle previsibilidad a las decisiones de inversión”.

Sin embargo, el plato fuerte del día, y lo que los asistentes esperaban, vino de la mano del propio presidente de la República, Javier Milei, justo en el día en que también se conoció la inflación récord de los últimos meses. Y también aquí, no solo el jefe del Ejecutivo fue “cuidadoso” con sus palabras, sino además particularmente “medido” en sus expresiones, lo que no le restó —al contrario— contundencia a las afirmaciones, lo que pareció gustar a la gente de empresas y despejar más de una duda.

Pero si esto es importante para los de afuera, lo es más todavía para los locales que, hasta ahora, soportan el grueso del peso de los lineamientos oficiales (y hacen las inversiones productivas).

De ahí que cobraran particular importancia frases como:

*La inflación, de ahora en adelante, va a bajar;

*La política monetaria no cambió y en el largo plazo es convergente;

*La demanda de dinero va a crecer;

*Si fuera cierto que generar inflación equivale a crecimiento, Argentina debería ser una potencia;

*El camino de la inflación lleva al infierno;

*La motosierra no se detiene;

*Vamos a seguir bajando impuestos, que son un robo;

*No vamos a ceder en seguir desregulando;

*No vinimos a eternizarnos en el poder. Después la gente podrá elegir si quiere más liberalismo;

*Si fuera un cínico o un maquiavélico, debería seguir abrazado a la ortodoxia.

“Si el Gobierno logra avanzar en este planteo, las inversiones se van a multiplicar”, fue la síntesis de un asistente mientras se retiraba.

Contexto con oportunidades…y riesgos

Por supuesto que la parte humanitaria está fuera de discusión y, en ese sentido, una guerra siempre es negativa; pero, como en cualquier enfrentamiento, hay quienes ganan y hay quienes pierden; quienes se benefician y quienes se perjudican…

Esta vez, en forma global, a la Argentina le tocó el mejor lado (hasta ahora). Está lejos del área del conflicto y es superavitaria (en monto) en dos productos críticos para la mayoría de los países: comida y energía.

Desde ese punto de vista, entonces, con el fuerte aumento en el precio mundial del petróleo y el incremento en la producción energética que se va registrando en el país, se calcula que el ingreso por exportaciones de ese rubro puede ser bastante mayor que el de 2025. A su vez, por inseguridad y arrastrados también por el petróleo, otros commodities como los granos comenzaron también a subir sus precios, lo que, al igual que en el caso anterior, puede significar un mucho mayor ingreso de divisas.

¿Cuál es la duda entonces? En primer lugar, se sabe que cuando el conflicto termine los precios van a ir volviendo a sus niveles anteriores. De ahí la gran duda acerca de cuándo vender y cuándo comprar, pues lo que nadie puede responder es: ¿Cuánto va a durar el conflicto? Y en esto, equivocarse en el momento de hacer una operación puede significar muchos miles de dólares, a favor o en contra…

Pero tampoco termina ahí la cuestión. La suba del petróleo, que viene tan bien para exportar, tiene un fuerte componente negativo en el mercado interno por el aumento de los combustibles. Es inflacionario. Viajes, transporte y más de un índice están atados a los precios de las naftas y el gasoil, con lo cual el efecto en “cascada” sobre productos y servicios es inevitable.

Impacto directo en el campo

¿Y para el campo? La situación es igual o peor. En los costos del transporteinternacional, además de la energía, se incluye el factor “riesgo” cuando se acercan a las áreas de conflicto, lo que los encarece e, incluso, hace que ni siquiera vayan a las zonas más “calientes”, lo que obliga a alargar los viajes, triangulando por otros puertos. Lógicamente, eso es más caro y se descuenta de los precios que, finalmente, van a manos de los productores.

El sector, además, es el mayor consumidor de gasoil para la producción en el país, y hay que sumar servicios y la movilidad. Por eso, la pregunta que flota en el ambiente es: ¿Cuánta área se va a sembrar y con qué?, entre otras cosas porque lo que hoy parece tener menos riesgo son la carne vacuna y la ovina (con precios internacionales muy sostenidos), lo que, para algunos, inclina la balanza hacia algunos maíces para silo o directamente a las pasturas.

Pero, además de la guerra, el combustible, el transporte y toda la serie de inseguridades e indefiniciones que se siguen sumando día a día, aparece la situación de un insumo que es clave para el campo: los fertilizantes, que están muy afectados por el conflicto.

Primero hay que aclarar que Argentina, que rondó los 5 millones de toneladas de uso en este último ciclo, prácticamente no se autoabastece. Solo una parte de la urea es local (alrededor del 50%). Fósforo, potasio, etc., son importados.

El otro tema es que la mayor provisión viene, justamente, de la zona en conflicto y, peor aún, el gas es uno de los insumos básicos para la fabricación de muchos de ellos. Y, como 2 + 2 son 4, entonces el mercado de fertilizantes en el mundo comenzó ahora a aumentar de la mano del petróleo, el gas y los transportes.

Con un tablero tan complicado y múltiple, los productores (e importadores) no saben muy bien aún cómo avanzar, porque hasta podría darse el doble efecto negativo de comprar insumos mucho más caros y luego vender los granos baratos porque la guerra termina y las cotizaciones vuelven a su cauce…

Por ahora, a nivel del campo, la prioridad sigue siendo completar la cosecha que, lluvias mediante, mejora en algunas zonas, sigue complicada en otras (por sequía) y comienza a soportar algunos excesos más propios del otoño, pero que demoran las labores y el secado de los granos (lo que también puede llegar a acotar algo los volúmenes finales).

Pero el tiempo que resta es cada vez más corto. Primero hay que definir “qué” vender, “cómo” y “cuándo”. A partir de ahí, y con pronósticos climáticos en la mano, deben comenzar las compras, especialmente de combustible, fertilizantes y algunos otros insumos, de la mano de la venta (¿gradual?) de su cosecha. Por supuesto que, al margen de la cautela, la tendencia natural de los productores, más aún después de una cosecha globalmente “buena”, va a ser, por lo menos, mantener el área cultivada actual.

Por su parte, los más informados sostienen que los insumos (importados) van a estar; la pregunta es: ¿A qué costo? ¿Un aumento en las cotizaciones internacionales va a compensar la suba de los insumos más críticos? ¿Se pueden acotar las inversiones en los cultivos?

Cualquier recorte en este sentido va en detrimento de los rindes, como ya se comprobó en esta última campaña con muchos potreros de trigo, y desde hace tiempo con la menor calidad de la soja por falta de fertilización adecuada.

Por eso, se sabe que una de las pocas formas de aumentar la producción de granos (y de forrajes) es fertilizando más y mejor, pero ¿se podrá esta vez, o ahora la guerra es la que vuelve a condicionar al campo?

¿Cuánto dura el conflicto? ¿Se extiende a otros países? ¿Hasta cuánto puede aumentar el barril de petróleo? ¿Y los commodities agrícolas? En todo caso, para un país como la Argentina, tan “alejado” de la guerra como creen algunos, el balance ¿será positivo o negativo?

Hay que comenzar diciendo que siempre una guerra es mala. Aunque no se esté en la línea de fuego (que ahora tampoco existe, pues no hay un solo lugar que pueda asegurar que el conflicto no lo va a alcanzar), los efectos negativos llegan de una forma o de otra.

También, como siempre, alguno se beneficia.

Para los especialistas en Defensa, esta guerra “será corta”, en parte por lo que está en juego (el futuro del liderazgo de la Administración Trump y de su aliado, Israel), y en segundo lugar por el altísimo costo que tiene. En tal sentido, y a diferencia del caso Rusia-Ucrania, aquí se está jugando el todo por el todo de entrada. Pero realmente nadie puede asegurar el lapso que tendrá el conflicto.

Es sabido, por otra parte (y EE. UU. tiene larga experiencia en eso), que si un enfrentamiento se prolonga en el tiempo da lugar a la “resistencia” de guerrillas,que van ganando más fuerzas en su propio terreno y que resultan mucho más costosas en vidas y en recursos. Vietnam fue un ejemplo.

Lo cierto es que los países no involucrados directamente en el conflicto comienzan a sufrir ya algunas de sus consecuencias y a analizar los probables impactos internos de las acciones.

De movida, el “salto” alcista del petróleo, eje visible del conflicto, ya se vio en los mercados y, si bien es cierto que para Argentina tiene un efecto negativo por encarecimiento en la producción de varios rubros y en los fletes (por ende, es inflacionario), por otro lado tiene un aspecto positivo, ya que a la Argentina —al volver a ser exportadora de energía, con un superávit energético el año pasado de U$S 7.000 millones— la puede beneficiar en sus ingresos actuales. Para el economista Ricardo López Murphy, también coloca al país en un lugar preferencial como “proveedor confiable”, ante los problemas que ahora enfrentan abastecedores más tradicionales.

Pero este tema, a su vez, también impacta sobre otros insumos clave de la producción agropecuaria local, como es el precio de los fertilizantes en general y de la urea en particular; en este caso, por su procedencia y por el gas que debe pasar por el Estrecho de Ormuz, hoy materialmente cerrado por las propias aseguradoras londinenses debido a los riesgos máximos del transporte marítimo. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “desde la región fluye aproximadamente el 25 % del comercio marítimo de petróleo y el 20 % de gas natural licuado, que es un insumo fundamental para la producción de, por ejemplo, la urea. Además, el Estrecho es la llave de paso de un tercio del comercio internacional de fertilizantes”. También es la principal salida de Arabia.

Naturalmente, aunque en un primer momento Chicago no reaccionó, finalmente fue arrastrado por el aumento del 10 % del petróleo y el viernes alcanzó subas en todos los productos, arrastradas por los fondos de cobertura. Según la BCR, “en treinta días hábiles las carteras de inversores sumaron 540.000 contratos de commodities agro en Chicago”.

Estos productos recibieron una presión adicional de su rol también como materia prima energética, especialmente el etanol, hoy uno de los ejes principales del conflicto.

Así, las posiciones más cortas de los principales productos cerraron el viernes a U$S 435/tn para la soja; U$S 176/tn el maíz, y U$S 224/tn de trigo, con ganancias de hasta U$S 25-30 por tonelada, y muy respaldados por los aceites que, en el caso del de soja, superó los U$S 1.420 por tonelada en Chicago. Para algunos, solo la valorización que sufrió el dólar acotó las subas.

Con ese escenario, las ventajas primarias que aparecen para la Argentina son tres: el superávit energético; el alto volumen de su actual cosecha (que puede llegar a ser récord, con cerca de 150 millones de toneladas de todos los productos); y el tiempo adicional con que cuenta para definir la nueva campaña 26/27 respecto al hemisferio norte, cuyas siembras de invierno comienzan en algunas semanas. Esto le da un margen de maniobra adicional, tanto por el momento de venta de la cosecha que está terminando como respecto a la compra de insumos estratégicos, como combustibles y fertilizantes.

¿Y la debilidad? Bien, es la misma que para todo el resto del mundo: la volatilidad de los mercados en estas circunstancias, con eventuales tomas de ganancias o cambios de expectativas, según lo que suceda con el conflicto en los próximos días (o no tan próximos…).

Pero el tema no termina ahí. Los analistas internacionales más “afilados” ya están encarando, además del final de la guerra, el paso siguiente, que es “la posguerra”: la reconstrucción y el análisis de los costos, de ganadores y perdedores, que no va a ser menor. En ese plano tampoco está claro cómo va a quedar el valor de las monedas.

De ahí que, contrariamente a las más tradicionales políticas legislativas del país (lineales), en este caso se incluye también el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un blanqueo de deudas de aportes y contribuciones a la seguridad social y una serie de medidas impositivas.

Y, a pesar de que en el tratamiento legislativo muchas cuestiones van quedando por el camino, producto de las negociaciones, hay varios aspectos de interés además de los básicos, como la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, de la que quedan excluidos del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual.

Aparece, por ejemplo, un Fondo de Asistencia Laboral para financiar parte de las indemnizaciones por despido (otra vez, con 3,5 % de aporte de la ANSES), que será de alto impacto, especialmente para las pymes que, en el caso del campo, constituyen la mayor parte de las empresas.

Otras cuestiones, como el eventual fraccionamiento de las vacaciones (con acuerdo entre partes), o el pago en dólares o especies de los salarios, o el banco de horas para compensar jornadas más largas por otras más cortas e, incluso, días libres, casi no forman parte de los usos y costumbres del campo, pero sí en otros sectores de la actividad económica.

Distinto es el caso de la ampliación de los sectores esenciales, ya que a los previstos de salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo, se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios y educación. El cambio implica que se “deberá” garantizar el servicio, impidiendo su suspensión absoluta como, lamentablemente, viene ocurriendo con medidas de fuerza en distintos rubros, por ejemplo, con la actividad en los puertos del Paraná, provocando grandes pérdidas y aumento en los costos de toda la cadena agroindustrial.

También pasan a considerarse infracciones graves los bloqueos y tomas de empresas, también frecuentes en varios sectores de la agroindustria como semillas, lácteas, etc. Se mantienen, sin embargo, el tope de 2 % del aporte solidario a los sindicatos, así como el tope de 0,5 % en los aportes a distintas cámaras.

La postura del gremio rural

Para UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, que lidera José Voytenco, uno de los alertas es la reforma propuesta al artículo 12 de la Ley 26.727 (de Trabajo Agrario), que “elimina el esquema de responsabilidad solidaria amplia, que obliga al principal (propietario o arrendatario) a responder por todas las obligaciones laborales y de seguridad social, cuando utiliza contratistas en actividades agrarias. También suprime la presunción legal que considera al trabajador como empleado directo del establecimiento cuando realiza tareas propias de la actividad normal, dejando al trabajador atado exclusivamente al contratista que lo registró, aun cuando este sea insolvente o transitorio, situación estructural en el trabajo rural”.

Según los especialistas del gremio, “el nuevo texto limita la solidaridad de la empresa usuaria únicamente a las obligaciones devengadas durante el tiempo de efectiva prestación, lo que excluye prácticamente la mayor parte de los créditos laborales (antigüedad, indemnizaciones, diferencias salariales previas, etc.). Además, amplía la exención de responsabilidad a cualquier propietario que arriende tierras, maquinaria o equipamiento, facilitando que las empresas rurales organicen su explotación mediante contratistas sin asumir responsabilidad real sobre los trabajadores”.

Y reconocen que “en el trabajo agrario, caracterizado por alta informalidad, estacionalidad y tercerización, estas modificaciones implican una regresión sustancial en la protección de los trabajadores”.

Por otra parte, cuestionan el lapso de prueba. “Elevarlo a ocho meses implica permitir un período prolongado durante el cual el empleador puede extinguir el vínculo sin indemnización por antigüedad ni derecho a preaviso, y sin necesidad de causa”.

“En un sector caracterizado por alta rotación, informalidad y fuerte asimetría de poder, un período de prueba tan extenso funciona como un instrumento de precarización”, sostienen desde la entidad gremial, que objeta, además, el debilitamiento del rol de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario). “La reforma reduce la tutela del trabajador rural frente a la variabilidad propia del trabajo por rendimiento, elimina un piso técnico y obligatorio fijado por el Estado para actividades estacionales y deja a los trabajadores expuestos a salarios mínimos más bajos, desfasados o condicionados a la voluntad negociadora del sector empleador”.

La visión de los productores

En la presentación hecha en el Congreso, la titular de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, destacó que el proyecto “tiene impacto estructural para el empleo y la economía nacional, ya que corrige distorsiones que durante años generaron litigios, informalidad y desaliento a la inversión”.

Con ese marco, la ONG de productores señala su acuerdo tanto con la “eliminación de la responsabilidad solidaria entre propietarios y arrendatarios” como con “la supresión de la figura del trabajador permanente discontinuo”. Igualmente, Barbechando destaca que la incorporación del FAL al sistema indemnizatorio “da previsibilidad ya que, ante un eventual despido, la pyme no pone en riesgo su continuidad”.

Naveyra aprobó, igualmente, la ampliación del período de prueba (a 8 meses) y la negociación salarial directa entre sindicatos y entidades, sin intervención del Estado. Sin embargo, destacó como “muy” importante “la incorporación de las personas físicas al RIMI”, ya que reconoce la verdadera composición del entramado productivo, aunque consideró que vía “reglamentación” pueden aclararse algunos puntos como el lapso para considerar los montos y los rubros que se incluyen.

También destacó “el diferimiento del pago de Impuesto a las Ganancias en la valuación de la hacienda, al momento efectivo de la venta, y la eliminación del cupo anual para devoluciones del IVA en las inversiones de capital”, es decir, devolución inmediata sin que se acumulen dudas de IVA estructural.

Para la dirigente, la actualización que conlleva la nueva ley ayudará a la “creación de más empleo formal, más producción y más inversión”.

A casi tres meses de haberse anunciado y tras la “postergación” inesperada (¿fiasco?) del acuerdo UE–Mercosur, la Administración Trump aceleró, consolidando su postura, que no tiene eje, justamente, en la parte comercial. Como ya se señalaba en +P del 20 de octubre pasado, para los Estados Unidos el mayor valor del Acuerdo es netamente geopolítico, mientras que para la Argentina pasa por las inversiones y el respaldo financiero que significa tener un socio como los Estados Unidos frente a la nueva alineación internacional que se está registrando en el mundo, y donde el otro gran liderazgo tiene sede en Beijing.

Dicho esto, para la Argentina es un gran paso adelante asociarse a uno de los países más abiertos del mundo, con un promedio de aranceles de 3,3 % frente al 13,4 % de la economía local.

Geopolítica, inversiones y ordenamiento interno

Tampoco se puede ocultar el peso de la jugada política de Washington respecto a la Argentina, que deberá, lo más rápido posible, hacer los deberes pendientes en materia de propiedad intelectual, patentes, propiedad privada, piratería, copias (ley de semillas incluida), etc., ítems en los que EE. UU. no hace concesiones, para poder comenzar a negociar algo más que comercio. Y ahí aparecen también inversiones cruzadas, tanto productivas como financieras, prácticamente en todos los niveles. Dicho de otra forma, el Acuerdo acelerará también los remolones tiempos del ordenamiento interno de la Argentina.

Por supuesto que aún resta el paso legislativo y que el Congreso local apruebe el acuerdo (lo que ocurrirá recién a partir de marzo), lo cual no deja de encerrar algunos riesgos, considerando la escasa o nula información de la mayoría de los legisladores respecto de los temas internacionales, pero que probablemente se “salvará” con algunas promesas de inversiones en las provincias.

A partir de ahí, el tema del comercio, aunque va a levantar mucha polvareda inicial, especialmente de parte de los sectores más protegidos, con tipos de cambio diferenciales a favor y otros beneficios, se va a ir calmando paulatinamente, tal vez con alguna flexibilización adicional, lo que marcará a los “ganadores” y a los “perdedores”.

Tampoco se puede soslayar que se trata de una de las mayores economías del mundo, principal comprador y exportador, que importa USD 220.000 millones por año solo de productos agroindustriales, mientras que Argentina es el 24.º abastecedor de ese rubro, según datos del INAI.

Así, mientras muchos piensan en lo que “se va a vender”, partiendo del hecho de que siempre el país más beneficiado en un acuerdo es el más chico, ya que accede a un mercado mucho mayor, pocos tienen en cuenta que “el otro también juega”, y es un gran exportador en industria y servicios, pero también incluso en los productos agroindustriales en los que Argentina basa sus fortalezas.

Reciprocidad, sectores sensibles y compromisos asumidos

Lo concreto es que, de movida, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por USD 1.013 millones, mientras que Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. También reducirá al 2 % otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Pero, en todos los casos, la palabra clave es “reciprocidad”. Por caso, en carne vacuna se amplía la cuota en otras 80.000 tn (Argentina podrá ingresar hasta 100.000 tn), pero también queda abierta la Argentina para el ingreso estadounidense, incluso de animales vivos.

Según un análisis de Coninagro, se simplificarán todos los procesos de registro y habilitaciones, por ejemplo, en carne de cerdo, en aves (que comenzarán a ingresar “como máximo” en un año) y también en lácteos.

Argentina aplicará, además, cuotas libres de arancel para productos estadounidenses como pistachos, almendras, fructuosa, vino de uva, golosinas, papas fritas congeladas, pastas untables de cacao y avellanas, y preparaciones de chocolate.

A su vez, según cita Coninagro, Argentina aplicará un plan de seis meses para “erradicar” el trabajo infantil en algodón, ajo, uvas, aceitunas, frutillas, tabaco y yerba mate, para asegurar su acceso al mercado internacional.

En cuanto a la maquinaria usada, “Argentina enmendará el Decreto 273” para exceptuar de la prohibición de importar bienes usados a los equipos agrícolas, de construcción y mineros.

También se confirmó el acceso preferencial, con arancel cero (0 %), para fertilizantes clave como el cloruro y el sulfato de potasio.

Por otra parte, Argentina comprometió someter al Congreso de la Nación la “ratificación”, antes de fines de 2027, de la UPOV 91, que protege las obtenciones vegetales; presentará el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) antes de fin de abril; y revisará los criterios de patentabilidad sobre invenciones farmacéuticas y biotecnológicas.

De todos modos, en general, no parece que en esta instancia a los EE. UU. les interese “invadir” el mercado argentino con sus productos industriales o agropecuarios. Más bien, su interés principal pasaría por realizar inversiones estratégicas en áreas clave como inteligencia artificial, biotecnología, comunicaciones, energía nuclear, medioambiente, servicios o tierras raras.

Mientras que, para Argentina, puede ser una gran chance de acotar su fuerte atraso tecnológico, presentarse junto a un socio fuerte e incómodo, pero creíble, y ser receptora de un gran flujo de capitales, y no solo estadounidenses.

Es cierto que el resultado de la votación, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, muestra lo reñido de la situación interna en Europa. Sin embargo, fue esa misma Cámara la que había autorizado, semanas atrás, a von der Leyen a firmar el acuerdo preliminar, o transitorio, que fue exactamente lo que se hizo.

De hecho, tal como se venía adelantando en estas mismas páginas de +P, era demasiado llamativa la celeridad que se le había imprimido a las últimas semanas para que se firmara “a cualquier precio”, nunca mejor dicho, a la luz de las “ayudas” adicionales que se consiguieron para los productores por fuera de la PAC (Política Agrícola Común), que ya cuenta con 290.000 millones de euros, los cuales se mantienen a pesar del acuerdo (ahora suspendido), pero a los que se les agregan unos 110.000 millones de euros más, que se asignarán por otros canales y directamente a los países, como políticas agropecuarias, por impacto en los mercados o para desarrollo rural.

Europa gana tiempo y el Mercosur queda en suspenso

Ahora, mientras los más optimistas calculan que la resolución del Tribunal puede durar “al menos” un año, ¿Qué pueden hacer los países del Mercosur ante un acuerdo que puede cambiar?, ¿O es solo una maniobra para ganar tiempo?, o, peor aún, ¿Es una “interna” (que en el Viejo Continente también las hay)?

Lo concreto es que Europa no tiene tiempo y está frente a una encrucijada, con muy pocos lugares con los cuales negociar y con un EE.UU. muy fuerte, amenazando con Groenlandia y con los “aranceles” a quienes se interpongan en su camino, y hay varios países europeos que pretenden, justamente, intentar bloquearlo.

Es muy difícil, entonces, que los países del Mercado Común puedan plantear a sus respectivos Congresos el tratamiento de un acuerdo que podría llegar a cambiar. El propio Javier Milei parece tener algún temor de aprobar “en vacío”, dada la inseguridad que se plantea sobre los eventuales términos del convenio.

Sin embargo, como se sabe, con la sola aprobación de alguno de los socios del sur ya se podía poner en marcha, en forma transitoria, la parte que incluye todo lo comercial, y es la estrategia con la que parece que va a insistir ahora el 50 % de Europa que está a favor de avanzar y que prioriza el salto estratégico que puede dar la Comunidad fortaleciendo aún más su relación con Sudamérica.

Eso ya estaba aprobado y autorizado por Bruselas, antes de la “martingala” judicial de la semana pasada.

De ahí que las negociaciones en la eurozona sean febriles por estas horas, y no solo en Bruselas, sino también en varias capitales del Viejo Mundo, que temen que la eventual pérdida de uno o dos años por cuestiones judiciales mande a Europa a “la cola” del nuevo mapa que parece armarse en Occidente.

Dudas políticas, antecedentes y un final abierto

Pero tampoco está claro qué harán los legisladores locales, o si habrá un movimiento conjunto desde el Mercosur para incluir algunas “correcciones” que neutralicen ciertos cambios unilaterales de último momento que parece que traía el acuerdo firmado por von der Leyen y que presentó en Asunción ante Santiago Peña (Paraguay), presidente pro tempore del Mercosur; Javier Milei (Argentina); Yamandú Orsi (Uruguay); Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá). Finalmente, Lula da Silva no asistió, aunque fue “visitado” por von der Leyen el día anterior en Brasilia.

“Lo necesitan, pero no lo quieren, y hoy no hay liderazgos en Europa como para imponerlo”, fue la lapidaria definición de un diplomático de carrera, que representa bastante el malhumor que reina en las cancillerías sudamericanas, ante lo que consideran solo “una estrategia para ganar tiempo”.

“Las conversaciones comenzaron en 1995 y, desde entonces, siempre encontraron mecanismos para frenarlo”, reconoció un exembajador local en Europa, que no acepta el argumento de apelar, recién ahora, al máximo Tribunal de Justicia del bloque “para que dictamine si el acuerdo es plenamente compatible con el derecho comunitario”. “Eso ya lo hicieron en las últimas dos décadas”, sentenció.

Pese a los que quieren ver solo “una pausa”, otros son escépticos respecto de esa posibilidad. “Esto ya ocurrió demasiadas veces. Incluso, ahora la UE se reserva la potestad de ‘elegir’ a qué rubros quiere bajar aranceles y a cuáles no, y aplicar una ‘transitoriedad’ que, en realidad, es ‘discrecionalidad’”, objetan.

Las grandes preguntas ahora son: ¿Dónde está el acuerdo?, ¿Qué es lo que van a analizar los Parlamentos sudamericanos?, ¿pueden, según las normas del Mercosur, actuar “bilateralmente”, como sería en este caso, ingresando al acuerdo a medida que sus respectivos Parlamentos lo aprueben? ¿Y si el máximo Tribunal de Justicia objeta o modifica algo, por ejemplo, dentro de seis u ocho meses, qué sucedería con lo ya aprobado?

Como siempre, más preguntas que respuestas, especialmente porque los responsables locales tampoco abundan demasiado en datos que son clave.

Finalmente, todo indica que habría que darle la razón al exministro Domingo Cavallo, que se negó sistemáticamente a crear “organismos de gobierno” al estilo de la Unión Europea cuando se creó el Mercosur en los años noventa.

¿La justificación? El exceso de burocracia, el costo y la pérdida de tiempo y agilidad.

Por ahora, lo que se sabe es que el acuerdo no está rechazado y tampoco se volverá a negociar. Pero, al activarse un mecanismo de control institucional previsto en las normas europeas, cabe la posibilidad de que surjan discrepancias y se siga ganando tiempo, obligando a más negociaciones.

Europa necesitaba “reponer” un pie en Occidente, especialmente en el continente americano, y la Administración Trump amenazaba con ganarle de mano y cerrarle muchos de los beneficios históricos que tenía (vía inmigración, etc.). Además, por supuesto, del problema de los aranceles con EE. UU. que afectó su comercio, y la presión de Rusia en su propio continente.

Así, la brecha que le dejó el Caso Venezuela le dio el espacio para un avance que se suponía mucho más lento y en el que ganaron todos. Hasta los agricultores europeos más radicalizados, que consiguieron que sus países no solo mantengan las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), sino que se las adelanten.

Por supuesto que, como toda negociación, habrá “ganadores” y “perdedores”, pero en general es un acuerdo positivo, con muchas “licencias” para lograrlo.

De hecho, entre los puntos salientes que la UE flexibilizó para darle inmediatez al acuerdo, aparece una situación “transitoria” (se estima de 3 años, al menos) que arrancará con la sola firma de la titular del Gobierno europeo, lo que ocurrirá en Asunción del Paraguay el próximo sábado 17 de enero.

Posteriormente, los parlamentos de los distintos países de Europa irán aprobando el Acuerdo, que cobrará forma definitiva recién entonces, aunque estará vigente desde este mismo enero.

Un aspecto que da cuenta del apuro es que tampoco los miembros del Mercosur deberán firmarlo. Es decir, el Acuerdo estará “disponible”, y cada país irá adhiriendo a medida que vaya logrando la aprobación de sus respectivos Congresos. El “datito” en este punto es que el que primero ingrese tendrá acceso al total de las cuotas otorgadas por la UE, y recién se irán distribuyendo a medida que vaya entrando el resto. La forma de distribución deberá acordarla internamente el Mercosur. Sin duda, una forma de forzar la cuestión.

Otro aspecto clave de la premura impuesta por Europa es que se permite que algunos de los países sudamericanos mantengan sus negociaciones bilaterales, por ejemplo, con los EE. UU.

También se menciona la desaparición del “principio precautorio”, justificación de muchas paraarancelarias europeas, y su sustitución ahora por fundamentos científicos, como un avance de flexibilidad.

En el mismo sentido, solo la aparición del tema “deforestación”, pero apenas como una “recomendación” a tener en cuenta, bajó muchos decibeles en la resistencia sudamericana, en una cuestión que impacta fuerte en Brasil y en Paraguay, especialmente.

Riesgos y ventajas

No ocurre lo mismo con la “cláusula espejo”, que plantea la UE en el documento y que se aplicaría a cuestiones sanitarias, de calidad, seguridad y también de ambiente, que seguramente va a provocar distintas divergencias de ambos lados.

Por otra parte, si bien los productores agrícolas y ganaderos europeos sienten que no podrán competir con la oferta sudamericana, no ocurre lo mismo con los procesadores de alimentos, que confían en vender cantidades crecientes en el Mercosur a partir de su oferta mucho más sofisticada y diversa, incluso de vinos y de aceite de oliva.

Sin embargo, hay varias cuestiones muy positivas para la región, comenzando por la “consolidación” del propio Mercosur que exige tal Acuerdo, con obligatoriedad de acordar distintas posiciones, entre ellas la distribución de las cuotas. A su vez, la Argentina en particular se verá beneficiada con la obligación de avanzar en temas pendientes como propiedad intelectual y patentes.

Desaparece la posibilidad de reimplantar cualquier restricción al comercio como ROE, registros, declaraciones juradas, etc., y se entra en un esquema más abierto y previsible de comercio. En cuanto a las retenciones (impuestos a la exportación), se plantea un cronograma de baja paulatina, aunque se cree que el Gobierno actual podría bajarlas mucho antes.

Por el lado del principal rubro de exportación argentino, la industria aceitera, se leyó como muy positiva “la decisión del Consejo Europeo de aprobarlo (el Acuerdo) finalmente y dejar de lado prejuicios políticos que no tienen razón económica detrás”, sostuvo una fuente que reconoció, además, que para el sector de cereales y oleaginosas tiene pocos beneficios, y es recién a partir del séptimo año que se eliminan los derechos de importación para el aceite de soja y de girasol en la UE, y en el décimo año para el biodiésel. “De todas maneras, tiene valor regulatorio, porque genera previsibilidad de reglas europeas ambientales, sociales y sanitarias”, sostuvieron.

Infraestructura

Pero si las ventajas para el comercio son relativas (mayores por efecto de mejora de precio que por volumen), no ocurre lo mismo con las inversiones que seguramente van a volver para participar en varios rubros, como ya ocurrió en la década del ’90.

Y, excepto que capitales europeos participen de las próximas licitaciones de obras y servicios, tanto a nivel nacional como de algunas provincias, la Argentina está muy mal en ese sentido, dado que su infraestructura atrasa casi tres décadas.

La principal obra, la Hidrovía, hace 5 años que está con el contrato vencido, y se está por cumplir un año desde la nueva licitación fallida, que ahora se debe repetir. Faltan caminos, puentes, aeropuertos, autopistas y, ni hablar, del transporte de cargas más lógico para volúmenes y distancia, que es el FFCC, que debería duplicar rápidamente su extensión a, al menos, 30.000 km.

Tampoco hay energía suficiente ni acceso en buena parte del territorio, ya que siempre los servicios solo se concentraron en las grandes ciudades y no se desarrollaron en las zonas de producción. Comunicaciones, red de frío, servicios satelitales, etc., son imprescindibles a la hora de abaratar el famoso “costo argentino” y la llave para atraer inversiones.

Por supuesto que ahora, con este Acuerdo ya en marcha, y si se aprueban las reformas laboral y tributaria, solo quedará ordenar la “anarquía” municipal de tasas descontroladas para poder, probablemente, conseguir los capitales de riesgo para hacer las obras que no se pudieron concretar hasta ahora porque “no había plata”, según palabras del propio gobierno.

También, el “año par” (sin elecciones) calma un tanto las aguas de la política, pero lo hecho hasta ahora no impacta en todos los sectores por igual.

El caso es que el campo está entre los que avanzan (tal vez, porque partía de un piso muy bajo) y, de lograrse avances, tanto en materia de una nueva política tributaria como en flexibilización laboral, es muy probable que la producción agroindustrial siga creciendo como lo está haciendo en este ciclo 25/26.

Habría que sumarle, además, la posibilidad de que se dé otro recorte de las mal llamadas retenciones (impuestos a la exportación), más cerca del segundo semestre y, aunque las cotizaciones internacionales sigan “variables”, es previsible que el mayor volumen compense los precios futuros, ya que los presentes, en el disponible local, siguen todavía muy firmes para los principales granos. Y eso mismo sucede con otros rubros como la fruta o los ovinos (también con precio récord internacional), entre otros.

Pero el caso más emblemático, sin embargo, sigue siendo la carne vacuna, primera exportación de la Argentina (los cueros y el tasajo salado), que, aunque fatalmente golpeada por sucesivas políticas intervencionistas a lo largo de la historia, todavía ostenta una envidiable “salud” exportadora, que permitió que el año que acaba de terminar cerrara holgadamente por encima de los U$S 3.500 millones en ventas al exterior, superando a 2024, a pesar de la caída de volumen que terminó en alrededor de 700.000 toneladas.

Esto da, “con relación a los primeros once meses de 2024 (que son los que ya están cerrados), que los volúmenes exportados son -7,9 % inferiores; mientras que el valor obtenido fue +27,7 % superior”, sostuvo Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores ABC. Lo que refleja el fuerte repunte internacional que viene teniendo el producto.

Pero la demanda doméstica también está firme y, aunque se espera que ahora ya “afloje” (después de las Fiestas, aguinaldos, etc.), sigue teniendo precios que reflejan el interés de los consumidores que volvieron a poner la ingesta en alrededor de 50 kilos/persona/año.

Crecimiento, límites y dilemas estructurales

Ante eso, los dilemas son varios: con mucho pasto “barato”, debido a las lluvias, ¿conviene esperar y meter más kilos? Es bien conocido que ahora tanto la recría como el encierre a corral buscan animales más pesados, ya que se sabe que son imprescindibles a la hora de cumplir con las crecientes demandas internacionales. Y después de mucho tiempo, los frigoríficos ya no “castigan” esos animales como hacían en el pasado cuando el consumo local dominaba con novillitos de 350-380 kilos…

Igual, faltan muchos terneros, tal vez la pieza más preciosa; tampoco hay demasiado gordo y, con los últimos años de demanda china (que todavía se lleva más del 70 % del total exportado), también fueron desapareciendo hembras. Primero fueron las conserva de descarte, después las conserva buenas, tras estas las “vacías”, para caer finalmente en las vacas nuevas y hasta en vaquillonas.

Y, si bien ahora comienza a notarse más presión sobre los vientres para producción, según Informe Ganadero, el porcentaje de hembras en la faena sigue en un alarmante casi 48 %, muy lejos aún de un porcentaje de retención, que es lo que se necesitaría para reconstituir el stock, al menos, al nivel histórico de 60 millones de cabezas.

El récord, sin embargo, fue en 1977 con más de 61 millones de cabezas, mientras que el nivel más bajo de las últimas décadas fue en 2011, cuando se ubicó en 48,8 millones de vacunos tras una abrupta liquidación de casi 11 millones de animales entre 2008 y 2011 (sequía, Resolución 125, precios máximos/controlados, etc.).

Esa pérdida, si bien se fue recuperando luego paulatinamente hasta 2019, a partir de ese momento volvió a caer hasta ahora, cuando el rodeo local se ubica alrededor de 50 millones de cabezas, tras la pandemia, la sequía de 3 años, las altas faenas y los graves incendios del norte, en plena zona de cría.

Lo más grave, sin embargo, sigue siendo el alto porcentaje de hembras en la faena que impide (e impedirá) una recomposición sostenida y estructural de la producción, que no logra salir de los 3,3 millones de tn anuales de carne vs. los más de 12 millones de toneladas de Brasil (hoy 1.º productor mundial de carne vacuna) y EE. UU., o los 7,5 millones de tn que ya alcanza China.

Y, si bien ahora el actual gobierno mantiene la no intervención en los mercados y la remoción de restricciones, impedimentos y burocracia, todavía faltan líneas de crédito a tasas acordes a una actividad que necesita de 3 a 5 años para arrancar, y con costos de infraestructura muy altos.

Sin mencionar que la producción también incluye más mano de obra que la agricultura, que se necesitan mayores inversiones en sanidad y que también la implantación de pasturas (sea cual fuere el eslabón productivo: cría, recría o invernada) tiene costos crecientes, y hay problemas fiscales como los créditos IVA estructurales por la diferencia de 10,5 % a 21 %, y la demora en su devolución, entre otras cuestiones.

A partir de ahí, aunque es sabido que se puede mejorar mucho la productividad, aumentar el nivel de extracción, la sanidad y los pesos de faena, el dilema mayor sigue siendo: “¿Liquidación o retención de vientres?”, ¿Presente o apuesta al futuro en el cual la ganadería vacuna ya es evidente que se seguirá consolidando?, ¿Vender grano o esperar y seguir sacando hembras para conseguir liquidez?, ¿Cuál es el costo de oportunidad de cada una de las variables?

Disyuntiva difícil cuando la sábana es corta…