Silenciosa, casi sibilinamente, se está gestando una crisis gremial que puede resultar explosiva para el Gobierno, al punto de frenar, absolutamente, las exportaciones de granos, lo que implicaría de alguna forma, caer en un verdadero “default” por falta de ingreso de divisas, justo en el momento de mayor actividad en ese sentido.
De hecho, por atrasos en la cosecha, por las lluvias que también impidieron movilizar lo recolectado, y por la propia actividad de procesamiento de los granos, recién ahora se estaría llegando a los niveles máximos de liquidación que, según fuentes del sector, estarían rondando los U$S 600-800 millones semanales. Y es justamente este monto el que entraría en juego en las próximas horas, si no se desarticulan la media docena de conflictos gremiales que casualmente –o no- se dispararon alrededor de los puertos, especialmente aguas arriba, en Rosario, el polo agrícola por excelencia, donde se siguen acumulando barcos y camiones, tema que hasta ahora pasó bastante desapercibido para la mayoría.
Sin embargo, no ocurriría lo mismo con las autoridades nacionales que, alertadas por operadores, estarían tomando cartas en el asunto para desarticular las protestas, e intentar que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, tanto por el frente interno (Banco Central, pago de importaciones, etc.), como por los reclamos internacionales por eventuales retrasos y mayores costos de las cargas, considerando que cada día de demora de un barco de carga internacional implica alrededor de U$S 20.000 por día.
Los conflictos, que abarcan desde los recibidores de granos nucleados en UNGARA que estarían pidiendo una actualización para los estibadores de 67%!!….!!!en dólares!!! (que implica alrededor de 160% en pesos), hasta el histórico del SUPA contra el SOMU por el encuadramiento del personal, pasando por los transportistas de Fetra que se sumarían en las próximas horas, mantienen prácticamente paradas las cargas en una veintena de puertos.
Según el portal de noticias Urgente 24, “De esta manera, están suspendidas las actividades en las 22 terminales portuarias y en los 9 amarraderos de barcazas de la zona comprendida entre Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, desde donde sale el 80% de la producción ganadera del país”.
“Pero, además, la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) – la entidad que agrupa en todo el país a los camioneros dedicados al traslado de la cosecha a puertos- lanzó una medida de fuerza para el próximo lunes 21 de julio, por tiempo indeterminado. Se trata de un sector que es uno de los eslabones más débiles de un complejo agroexportador que vende al exterior por 30.000 millones de dólares anuales”, dice Urgente 24.
Se entiende entonces que algunos funcionarios hayan reaccionado rápidamente para desarticular las protestas. Según los comentarios, los encargados serían el propio Jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, y el Ministro de Trabajo, el silencioso Carlos Tomada.
La envergadura del conflicto lo amerita. Después de todo, lo que menos necesita hoy el Gobierno son “socios” a la hora de mantener como rehén al principal sector de la economía, tal el caso del complejo ganadero, y en especial, la estratégica soja y sus derivados, que justifican el grueso de las divisas que ingresan al país.
Por supuesto que el asunto pone en evidencia, además, la particular fragilidad de todo el sistema que, a la luz de los hechos, parece estar adquiriendo ribetes políticos difíciles de digerir por la Administración Kirchner, y no solo por la imperiosa necesidad que tienen de que se liquiden exportaciones en tiempo perentorio.
Dicho de otra forma, sería una receta pésima sumar un “default” de hecho, al que ya sobrevuela (cada vez más bajo), por el caso, ahora internacional, de los holdouts, sobre todo porque a diferencia de éste, en el que se está dando en los puertos, no se le puede echar la culpa ni a los “buitres”, ni al “neoliberalismo”, ni a nadie fuera de las fronteras del país. Ese es ejido excluyente del Gobierno. Y si ya se le rebelan los recibidores de granos, los transportistas, y los portuarios, entre otros, entonces se puede prever un efecto cascada insoportable, para el gobierno, pero más aún para una economía jaqueada, que sufre una fuerte desaceleración y que, lógicamente, promete más conflictos en forma demasiado adelantada al cambio de Gobierno, recién dentro de 17 meses.
De ahí que, por ahora, la estratégica cosecha local (que dista de los volúmenes de los que habla el Gobierno, ya que se ubica por debajo de los 100 millones de toneladas), además del atraso que traía, suma ahora conflictos gremiales de terceros que mantienen inmovilizado el movimiento portuario y, por ende, amenaza el ingreso de las divisas necesarias para pagar las cada vez más escasas importaciones que aún se permiten.