por Susana Merlo
Campo 2.0
13/03/2010

En los próximos días comenzará el trabajo efectivo del “nuevo” Congreso que, en el caso de la Comisión de Agricultura se abocará, entre otros temas, a la controvertida Oficina de Control Comercial, más conocida como “la ONCCA”, de escandaloso pasado reciente.

Lamentablemente, como en otros varios aspectos, parece difícil que los legisladores no oficialistas se “animen” a hacer lo que efectivamente habría que encarar con un ente de esta naturaleza, es decir, directamente su disolución y, más vale, se conformen con un recorte de funciones que apenas será aparente ya que, la experiencia lo indica, bastará poco tiempo más para que “la Hidra de 7 cabezas” vuelva a rehacer su cuerpo original, y hasta agrandado. De hecho, tiene un presupuesto superior a varios ministerios, que llegó a ubicarse por encima de los U$S 1.000 millones anuales, aunque hoy excede “apenas” los U$S 800 millones y, si bien figura en el área del Ministerio de Agricultura, reporta directamente al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quién fuera su titular durante algún tiempo.

Cuando a mediados de los ’90 el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá, “inventó” la ONCCA, difícilmente haya pensado (aunque algunos lo alertaron), que esa modesta oficina de control comercial se iba a transformar, apenas una década después, en el mayor monumento a la intervención del Estado en los negocios privados que se tenga memoria, después del IAPI de los ’50.

De cómo se llegó de una sencilla repartición destinada a “jaquear” la evasión en el negocio de la carne (que no se animaba a controlar la Dirección General Impositiva –DGI- de entonces), al actual elefantiásico organismo de rango cuasi ministerial, sería difícil de explicar en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, es bastante fácil en Argentina, con una sociedad de tendencia innata no solo a las intervenciones (aunque se declame lo contrario), si no más todavía al “paternalismo” del Estado.

Pero ya el nacimiento del área, fruto del enfrentamiento en aquel momento, entre Solá y el empresario justicialista de la carne, Alberto Samid, fue irregular. Se trataba de “avanzar” sobre las incumbencias de otra repartición, la DGI y hacerse cargo de roles que no le correspondían a Agricultura.

Sin embargo, el sistema estuvo más o menos bajo control hasta el 2005 cuando la Administración de Néstor Kirchner forzó el “agrandamiento” del área y le entregó, otra vez por Decreto, la autarquía, la personería jurídica y cantidad de funciones remanentes de las disueltas Juntas de Granos y de Carnes, eliminadas por Domingo Cavallo en 1993/4.

El Gobierno intervencionista “necesitaba” esas herramientas que había liquidado la desregulación de los ’90, y que habían permitido desmadres como el de los Pollos de Mazzorín en el Gobierno de Alfonsín, que le costó al país (y a cada uno de los contribuyentes) millones de dólares, por citar solo un ejemplo.

Pero, pequeño detalle, todos estos pases no se podían hacer por Decreto, ya que requerían de una Ley del Congreso, aunque se optó por la “cosa juzgada” y el refortalecido organismo que sigue acumulando personal e instalaciones, llegó a erigirse en el dueño y señor de los resultados económicos del sector agroindustrial en general y del campo en particular ya que, entre otras  muchas cuestiones, está encargado de distribuir los suculentos subsidios (mal llamados “compensaciones”) con que el Gobierno intentó en los últimos años definir la producción de alimentos aunque, en realidad, y previsiblemente, sólo sirvieron para escandalosas irregularidades en su distribución, aun no explicadas por los funcionarios responsables.

De ahí que, hace mas de un año, en la revista Chacra, se definía a la ONCCA como “el Gigante con pies de barro”, y se señalaban todos estos conflictos, hasta la inconstitucionalidad que muchos señalan.

Ahora, con semejantes antecedentes, llega el tema al Congreso, a la Comision de Agricultura donde se debería tratar un proyecto de ley que regularice y ordene la situación. Sin embargo, a la luz de lo que viene ocurriendo, lo mas probable es que los legisladores, en el mejor de los casos apabullados por el poderío económico del área y de quien la comanda en realidad (aunque después de los últimos escándalos públicos haya bajado el perfil), crean imposible desarmar la repartición y se conformen con una cosmética que les sirva para justificar su “intento”, sin siquiera darse cuenta que con una mala ley lo único que se logrará es “blanquear” todas las irregularidades anteriores.

Eso si, en ese caso tanto este, como los gobiernos venideros, van a seguir contando con una formidable herramienta de intervención para definir, con la arbitrariedad que se quiera, los destinos de miles de empresarios, y de muchas de las actividades económicas del país.

Y para saber los resultados de este tipo de políticas, basta mirar lo que le  ocurrió a los trigueros, o a la carne…